Viernes 20 Septiembre 2019

NEO INQUISICIÓN. Los límites del sistema.

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Almería Rebelde

La libertad de prensa, la libertad de opinión, de reunión, de pensamiento; la igualdad de todas las confesiones religiosas, de todas las ideologías o de todas las organizaciones políticas ante la ley y ante las administraciones del Estado, son los pilares de la democracia, según dicen los defensores de la democracia burguesa y los voceros del Régimen del 78,

Pero lo que no cuentan es que el sistema tiene unos límites marcados por los intereses económicos de las clases dominantes, las beneficiadas por este sistema que surge de la necesidad del franquismo por homologarse con los países de su entorno para proteger sus intereses económicos y políticos. Por este motivo la denominada “transición” española fue un pacto entre el franquismo y la socialdemocracia de Carrillo y González donde la socialdemocracia renuncia a juzgar los crímenes del franquismo y a mantener las instituciones del Estado franquista sin purgar a sus funcionarios: policía, ejército, poder judicial, etc. En estos acuerdos también se fijan los límites de la “democracia”, de imprescindible aceptación si se quiere participar en el juego democrático en igualdad de oportunidades que los firmantes del Pacto de la Moncloa. De esta forma nace la Constitución del 78 y la “democracia a la española”.

Las exigencias no escritas para participar en la “democracia española” es la aceptación de los pilares sobre los que se basa el Régimen del 78:

  • Impunidad para los crímenes franquistas.

  • Continuidad institucional.

  • Aceptación de la Constitución del 78,

  • Aceptación del capitalismo como única posibilidad de Estado.

  • Aceptación de la OTAN y la pertenencia a la UE.

  • Unidad territorial

Durante los últimos años del franquismo se “purgó” a todas las organizaciones que pudieran oponerse a los “planes democráticos” y de reconversión del franquismo en democracia, mediante la acción policial contra los dirigentes políticos y sindicales de las organizaciones revolucionarias y la acción criminal, amparada y dirigida por las cloacas del Estado y ejecutada por las bandas criminales de extrema derecha, que desembocó en más de 100 opositores asesinados. El objetivo era inclinar la balanza del debate abierto en la izquierda española entre “reforma” y “ruptura democrática” y favorecer a las organizaciones que habían optado por la primera opción para posibilitar el “Pacto de la Moncloa” y una “democracia controlada”.

Cuarenta años después no han cambiado los principios del Régimen “neofranquista” surgido tras la muerte del dictador, pero sí han cambiado los métodos de “control” y de represión de la disidencia política: las leyes represivas franquistas de “Vagos y maleantes” o de “Represión de la masonería y el comunismo” fueron sustituidas en 1992 durante el gobierno del PSOE por la ley Orgánica sobre protección de la Seguridad ciudadana”, también conocida como Ley Corcuera -nombre del ministro del interior- o “Ley de la patada en la puerta”, que permitía a la policía entrar en cualquier domicilio por la simple sospecha de comisión de un delito. Es una actualización de las leyes franquistas, actualizando y adaptando el lenguaje a la nueva situación política, pero dando una vuelta de tuerca a la represión hacia la población en general, pero especialmente a la disidencia política al sistema que en esos momentos estaba liderada por la izquierda abertzale vasca. Fue declarada inconstitucional en diciembre de 1993 por el Tribunal Constitucional.

En 2015 fue sustituida por la conocida como “Ley mordaza”, promulgada por el gobierno del PP y que limitaba y criminalizaba la protesta social, así como a los medios de comunicación que cubrían las manifestaciones en los espacios públicos. Periodistas, raperos, titiriteros, manifestantes, activistas políticos, han sufrido la represión a través de esta ley que da un poder absoluto a las fuerzas de seguridad del Estado, con la complicidad de jueces y fiscales para acabar con los opositores al Régimen del 78. Los presos políticos encarcelados en base a esta ley son numerosos y cumplen condena en cárceles de todo el Estado.

Pero hay otra forma represiva que no está escrita en el Código Civil ni en el Penal, y que limita e imposibilita el acceso a las instituciones de aquellas organizaciones que no cumplen con los requisitos exigidos por el Régimen del 78 -que enumerábamos más arriba-, y que abogan por un cambio de sistema desde el socialismo o desde la soberanía de los pueblos. Me estoy refiriendo a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, Tvs, radios, periódicos en papel o digitales, etc.

Los grandes medios de comunicación y agencias de distribución de noticias son propiedad del gran capital y defienden los privilegios de sus propietarios, siendo un instrumento de estos para manipular a la opinión pública en favor de un partido o de otros, según convenga a sus intereses. Los partidos que están fuera de los parámetros marcados por el Régimen del 78 no tienen cabida en los medios de comunicación, con lo cual tampoco tienen posibilidades de acceder a las instituciones por vía electoral. Actúan como una “neo inquisición”, como un “cordón sanitario” que impide que ideologías marxistas, anarquistas, soberanistas...tengan la posibilidad de inducir un cambio de políticas que perjudiquen los intereses y privilegios del gran capital. Si alguna organización traspasa este “cordón sanitario” se topa con la constitución del 78, cuyos mecanismos de reforma son un freno para cualquier cambio que pudiera perjudicar los intereses de los mismos grupos políticos que la redactaron: la necesidad de contar con 2/3 de los votos del Congreso y del Senado para afrontar una reforma constitucional hace inviable cualquier reforma que no cuente con los grandes partidos del capital.

Policías, jueces y fiscales son otros de los valedores de los intereses oligárquicos en el caso de que la Constitución sea sobrepasada por la voluntad popular. El caso del “procés” catalán es una muestra de la actuación del Estado español ante las exigencias democráticas de soberanía y derecho a decidir. La actuación conjunta de los partidos del Régimen del 78 con los medios de comunicación, policía, fiscales y jueces impide el ejercicio democrático del Referéndum de autodeterminación pactado y reprimen violentamente el referéndum unilateral celebrado el 1 de octubre de 2017, en salvaguardia de los intereses del capital, necesitado de la unidad territorial y la unidad jurídica del Estado para preservar sus intereses, ocultos bajo la ideología de Estado a la que llamamos “españolismo”, ideología transversal que comparten todos los partidos del Régimen del 78, los de derechas y los autodenominados de “izquierdas”.

Un ejemplo de lo que vengo diciendo lo tenemos en la deriva ideológica de Podemos: Se presenta a las elecciones europeas del 2014 con un programa pseudo rupturista, obteniendo cinco escaños después de haber recibido el apoyo de algunos medios de comunicación del sistema; prensa y TV hicieron que Podemos y su líder llegaran a todos los hogares del Estado como la organización que recogía las ilusiones de muchos jóvenes que el 15-M salieron a las plazas de muchas ciudades del Estado. La operación consistió en sacar el descontento popular de las calles para introducirlo en las instituciones, además de ofrecer una alternativa a un PSOE a la deriva, como renovación del Régimen del 78 por su ala “izquierda”. Conseguidos estos dos objetivos, -sacar la protesta de las calles y crear una alternativa al PSOE-, Podemos va abandonando una gran parte de los principios ideológicos con los que se presentaron a las elecciones europeas, en un viaje sin retorno hacia postulados admitidos por el Régimen del 78: no cuestionamiento del sistema capitalista, discursos patrióticos españoles, aceptación de la unidad de España, defensa de la UE y la OTAN. Sin duda alguna, a Pablo Iglesias le quedó muy claro que el camino hacia la Moncloa pasaba por renunciar a un espacio político a extramuros de los límites marcados por la burguesía y la aceptación de las reglas del juego pactadas en el 78. El miedo a un “apagón informativo” que truncara la carrera política de los líderes de Podemos les hace plegarse a las exigencias del sistema y aceptar las reglas del juego.

Otro ejemplo de “inquisición” política ejecutada por los medios de información lo hemos tenido recientemente en la ciudad andaluza de Almería. Es el último, aunque no el primero.

Hace unos días se presentaba una coalición electoral para participar en las próximas elecciones municipales con el nombre de “Almería Rebelde”, compuesta por las organizaciones NACIÓN ANDALUZA, PCPA e IZAR, organizaciones de un marcado carácter rupturista y anticapitalista, con años de actividad política en la ciudad y participando en eventos de calado como la Marcha a la base de la OTAN en Viator, protestas sindicales, actos de solidaridad internacionalista, etc.

Con motivo de la Semana Santa, la coalición ALMERÍA REBELDE envía una nota de prensa a todos los medios de la ciudad explicando su posicionamiento ante este celebración, protestando por el abuso y usurpación del espacio público y la financiación pública de un evento religioso. Ningún medio de comunicación se publicó el comunicado, ni prensa escrita, ni prensa digital, ni radios ni Tvs locales...un apagón informativo en torno a una coalición que sobrepasa los límites del Régimen del 78, que se declara abiertamente anticapitalista, que propone un modelo de ciudad que choca con los intereses de la burguesía local. La explicación a esta “inquisición informativa” la encontramos en la ideología de los dueños de los medios y en sus intereses económicos. Desde los grandes grupos de comunicación hasta los más modestos y de carácter exclusivamente local, dan un extraordinario seguimiento a la Semana Santa, obviando cualquier voz contraria a este evento, dando la apariencia de una total sintonía entre la ciudadanía y los protagonistas de estos eventos: curas, militares y políticos. Si echamos un vistazo a estos medios, también podemos comprobar que todos tienen publicidad institucional. Motivos ideológicos y económicos van creando una “neo inquisición” informativa que invisibiliza a las organizaciones combativas contra el capital, expulsándolas de hecho del juego democrático, en una actitud claramente antidemocrática. También sabemos que si traspasamos este “cordón sanitario” nos caerán encima las cloacas del Estado, los fiscales y los jueces.

Por el momento solo cabe resistir, organizarse, tejer complicidades y combatir con los medios a nuestro alcance.

Alí Manzano.