Jueves 18 Agosto 2022

Doscientos años del pronunciamiento por la República Andaluza de José Moreno Guerra

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Plazuela-Verde-Cadiz 10 marzo 1820

Represión de las tropas absolutistas en la plaza de la Cruz Verde (Cádiz) el 10 de marzo de 1820.

En Despeñaperros, histórico e inexpugnable baluarte de la libertad, se enarboló ayer, por las fuerzas federales que mandan los que suscriben, la bandera de independencia del Estado Andaluz. Terminemos, pues, nuestra obra. Completemos la regeneración social y política de esta tierra clásica de la libertad y de la independencia. Formemos nuestro ejército federal: constituyamos nuestros Cantones, elijamos nuestra Asamblea.

Manifiesto de los Federales de Andalucía (1873)

Nosotros aspirábamos y aspiramos y seguiremos aspirando a la elaboración de un Estado libre en Andalucía. […] Pues nosotros no tenemos, por ahora, otras denominaciones que las de «República Andaluza o Estado libre o autónomo de Andalucía», para llegar a expresar aquella «Andalucía Soberana, constituida en Democracia Republicana», que dice el artículo primero de la Constitución elaborada para Andalucía, por la Asamblea de Antequera hace medio siglo, en 1883.

Blas Infante (1921)

  Este mes se cumplen doscientos años del primer pronunciamiento independentista andaluz contemporáneo, realizado por José Moreno Guerra en 1822. Un acontecimiento absolutamente obviado por la historiografía oficial española, que conocemos solo gracias a las investigaciones de algunos historiadores e historiadoras desmarcados de la ideología del poder, a quienes les debemos el haber arrojado luz sobre unos hechos "convenientemente" silenciados.

  El bicentenario de la propuesta de Moreno Guerra merece una atención por sí mismo, pero resulta también vital para entender cómo aparecen fenómenos posteriores como la Junta Suprema de Andújar de 1835, la revolución cantonal andaluza, la declaración de independencia recogida en el Manifiesto de los Federales de Andalucía en 1873 y todas las agitaciones del siglo XIX andaluz. Hay que tirar del hilo rojo de nuestra historia, al que se refiere Engels1, para entender las relaciones que la atraviesan; en este pronunciamiento encontramos algunos elementos para seguir ese hilo a lo largo del siglo XIX andaluz.

  Si la historiografía española oficial ha querido ver en 1812 el primer hito del nacionalismo españolista (a pesar de tener una península Ibérica tomada prácticamente en su totalidad por las tropas francesas y de tratarse de una Constitución que la corona borbónica rechazó vehementemente hasta 1833), nosotras hemos de destacar el pronunciamiento de Moreno Guerra como un antecedente independentista andaluz tan solo un par de décadas más tarde.

  Con la naciente y dificultosa formación del Estado español en el siglo XIX aparecieron también las primeras expresiones contemporáneas de la necesidad de un desarrollo andaluz autocentrado, impensable sin un Estado propio, vinculado a un programa de igualdad social. Un desarrollo que el Estado español imposibilitaba e imposibilita aún hoy. No es una novedad, puesto que durante los siglos XVI y XVII, asociadas al ascenso de unas relaciones de producción cada vez más fundamentadas en el capitalismo, ya aparecieron expresiones políticas similares2. La experiencia centralizadora previa, representada en el absolutismo más reaccionario de Fernando VII, no había sido en absoluto satisfactoria e impedía el desarrollo de las fuerzas productivas en Andalucía.

  La propuesta, en febrero de 1822, del diputado liberal radical o comunero José Moreno Guerra fue la de una república independiente andaluza (Zavala, 1971: 109). No fue la única referencia nacional andaluza en el Trienio que intuía ya de forma rudimentaria la necesidad de afirmar y traducir a hechos políticos la especificidad nacional de Andalucía. En 1821, Lucas Francisco Madiealdúa ya había intentado proclamar la república de Cádiz (Zavala, 1971: 109) y encontramos también un escrito que Rafael de Riego y Arco-Agüero dirigieron a las Cortes Representación a las Cortes el 13 de julio de 1823 en oposición al liberalismo doctrinario, que se firmó en representación del “Ejército de Andalucía” (Díez, 2019: 6).

La situación mundial en el momento del pronunciamiento de Moreno Guerra

  A principios de siglo XIX el capitalismo socavaba el poder de la nobleza decadente y las instituciones feudales que desde Europa se habían extendido ‒al final de la Edad Media‒ por el Mediterráneo y el continente americano.

  La guerra de independencia estadounidense había producido una circulación inflacionaria que animó los movimientos de independencia en la colonias de Castilla en América y que creó problemas a otras potencias coloniales del momento: Tupac Amaru en Perú, los comuneros en Nueva Granada, la rebelión esclava en Haití, la rebelión de los Irlandeses Unidos en 1798... (Wallerstein, 1998: 306). La guerra contra la expansión napoleónica en territorio peninsular con un marcado carácter de conflicto internacional entre la naciente hegemonía de Inglaterra y Francia había dejado la economía del reino herida de muerte. A los daños esperados por una contienda de tal magnitud y las consecuencias del bloqueo institucional del periodo de José I, se le añadía el conflicto en las colonias americanas que luchaban por su independencia política y que se saldó con la emancipación de la mayoría de ellas en 1824. Este hecho constituyó un trastorno no solo para la hacienda, sino también para el desarrollo de la industria y el comercio, por la pérdida de mercados (Solé, 1990: 22).

  La primera Revolución Industrial desbordaba ya las fronteras británicas no por casualidad en 1826 se fundaron los altos hornos de Marbella y con ella sus transformaciones sociales, empujada por una burguesía en franca ascendencia.

  Tan solo unas décadas antes se había producido la Revolución Francesa, la gran rebelión popular contra el absolutismo que tan bien aprovechó la burguesía francesa para posicionarse como la nueva clase dominante. Pero con ella aparecieron también figuras como la de Marat o François Babeuf, precursores de un socialismo todavía en ciernes que iba a tener especial influencia en Andalucía. Babeuf había sido activo participante en la Revolución Francesa, aunque sus propósitos lo llevaban más lejos que Robespierre. Planteaba que los límites a la propiedad privada que imponían los jacobinos eran inútiles para evitar el sufrimiento del pueblo. Había que suprimirla totalmente y establecer «la comunidad de bienes y de trabajos».

  Durante la crisis de subsistencias de 1795-1796 maduró la que sería conocida como la Conspiración de los Iguales. Babeuf proponía alcanzar “una igualdad perfecta” y, para ello, el 30 de marzo de 1796, se constituía el Comité de Insurrectos formado por Babeuf, Sylvain Maréchal, Filippo Buonarroti y Agustín Darthé, entre otros. Este Directorio de la insurrección creó una organización clandestina que se encargó de la propaganda y de captar adeptos a la causa. Solo los altos dirigentes conocían el fin último republicano y comunista de la misma. Era una forma organizativa nueva del movimiento popular revolucionario que sería teorizada más tarde por Buonarroti. El régimen thermidoriano detuvo a Babeuf, Darthé, Buonarroti... El juicio contra Babeuf y sus compañeros terminó con su condena a muerte junto a Darthé, en mayo de 1797. Buonarroti sería condenado a prisión y unos años después liberado, continuando una activa política subversiva durante toda su vida, que llegó a alcanzar más tarde nuestro país.

Filippo Buonarroti

Filippo Buonarroti.

  La llamada Guerra de Independencia contra las tropas francesas que la propia corona castellana había autorizado a entrar en la península había generado un clima político en el que las logias masónicas (muy extendidas y funcionando en la estricta clandestinidad) actuaban como vertebradoras de los opositores al absolutismo de Fernando VII (Zavala, 1971: 12). Las logias y otros grupos secretos habían sido prohibidos por la monarquía ya en el siglo XVIII. En la práctica eran la única forma de organización de núcleos políticos opositores al absolutismo y tenían una gran difusión en Andalucía, Aragón y la costa mediterránea ibérica (Azcona, 1935: 171).

La Andalucía de principios de siglo XIX

  Andalucía y todas sus clases sociales no privilegiadas sufría un sistema de contribuciones complicado y gravoso que había producido el resurgimiento del bandolerismo y el contrabando, alimentado por los productos británicos introducidos desde Gibraltar (Zavala, 1971: 28). Los intentos de racionalización de contribuciones del incipiente Estado español eran imposibles, como lo atestigua el fracaso de Martín de Garay y de Pablo de Olavide de su ensayo de una sociedad de medianos campesinos (que, de paso, poblase las áreas de Andalucía en el recorrido que hacían el oro y la plata expoliados a América, entre el puerto de Sevilla y Madrid) en las llamadas Nuevas Poblaciones (López, 1968: 49).

  La onda expansiva de la I Revolución Industrial llegó a Andalucía, alterando su formación social y provocando una aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas. Se experimentó un aumento de la población (Andalucía pasó de 1,9 millones de habitantes en 1797 a 2,4 millones en 1834 y, en el conjunto del Estado español, su peso poblacional pasó del 18,1% al 19,3%) y un desarrollo de la burguesía urbana andaluza de carácter liberal. El aumento poblacional hizo crecer la demanda de producción agraria y proporcionó un ejército de mano de obra para la incipiente industria.

  La independencia de las colonias castellanas en América y la nueva división internacional del trabajo golpearon a la burguesía comercial. En 1717 Felipe V había decidido trasladar a Cádiz la Casa de la Contratación, el organismo que gestionaba el comercio colonial americano. Un comercio (del que se lucraba una rica burguesía europea instalada en la propia Cádiz y en otros núcleos, como Sanlúcar de Barrameda) que el proceso independentista americano hizo descender gravemente. Cádiz pasó de exportar mercancías a las colonias por valor de 348,8 millones de reales en 1792 a 53 en 1821. A ello se sumaban los efectos de la guerra contra las tropas napoleónicas, que provocó la descapitalización de parte de las instituciones locales como el Consulado de Cádiz.

  En cuanto a la estructura social andaluza, la masa de proletariado agrícola era abrumadora. Según los censos de 1787 y 1797, el proletariado agrícola conformaba más del 70,9% de la población (en el reino de Granada), cuando no el 83,3% (en el reino de Sevilla). Un poco antes, a mediados del siglo XVIII, nobleza y clero acumulaban el 77,6% de la superficie agraria andaluza y el 86,9% de la producción agraria. Es decir, la mayoría de las tierras y las más productivas. El resto menos de la cuarta parte y las menos productivas se lo repartían entre realengos, propiedades de los ayuntamientos y propietarios de las clases no privilegiadas.

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  En cuanto a las actividades manufactureras, se comenzó a desarrollar una siderurgia andaluza en 1826, con los altos hornos de La Concepción y La Constancia en Málaga; los primeros de la península Ibérica. Una industria que muy pronto encontrará en la política económica del Estado español un impedimento a su desarrollo. Así se expresa en el Semanario de la Industria en 1846:

A cada paso que se da en la costa de Andalucía se descubren elementos de gran valor para empresas productivas […]. Entre los grandes obstáculos que aquí se experimentan para el establecimiento de nuevas industrias, uno procede de la falta de combustible del país y de la dificultad de procurárselo fuera. Lo primero es un mal inherente al suelo y de largo y difícil remedio; lo segundo pende de un defecto de la legislación fiscal fácil de ser corregido en un renglón de los aranceles. […] La única razón que se ha dado es proteger por este medio la venta del carbón de Asturias.

  En este contexto de extrema desigualdad social y hegemonía de la gran burguesía y la nobleza que ejercían, además, como grandes propietarios, especialmente tras los repartos de tierras concejiles a partir de 1761 aparecen con fuerza en Andalucía las expresiones políticas más avanzadas del momento.

La irrupción del ideal revolucionario en Andalucía

  Dada esta realidad material, los ecos de la Revolución Francesa y su lucha contra el absolutismo y por la igualdad social no tardaron en aparecer en el país andaluz, animados por la propia llegada de las tropas napoleónicas.

  En nuestro país se comisionó a Carlos Beramendi para el fomento de las logias masónicas y para “reunir por ellas a los liberales dispersos por las Andalucías”, con notable éxito. Beramendi consiguió rápidamente un gran número de adeptos, especialmente en Granada y Cádiz (Zavala, 1971: 14). Tal es así que ya en 1813 se publicaba en Granada el periódico La Víbora, con un carácter fuertemente anticlerical (Zavala, 1971: 21). Y es que el ambiente social era especialmente tenso en las ciudades de la antigua Bética. Carlos Marx había descrito a Cádiz como “notoriamente la más radical del reino, y más semejante a una villa americana que a una ciudad española” (Marx, 1973:114). Y las gentes de Málaga tampoco se quedaban atrás: “El carácter pendenciero de la población autóctona, o al menos de parte de ella, unido a los marineros y visitantes, dieron a Málaga triste fama de ser una población peligrosa, lo que podía calificarla como lugar idóneo para la germinación de ideas revolucionarias y contrarias al buen orden” (Villas, 1979: 267). Aunque siempre hay autores que no encuentran en las condiciones materiales de las clases populares andaluzas la explicación a su radicalidad política, sino que la atribuyen a “la propensión al comunismo de la tierra” (Azcona, 1935: 200).

  No obstante, durante este periodo inicial del sigo XIX, la masa revolucionaria andaluza no fue una clase social coherente. Suponía una especie de población flotante compuesta de elementos diversos de la burguesía y las clases populares, unidos por los deseos de transformación que conformaban una conciencia de grupo (Zavala, 1971: 6).

José Moreno Guerra en el Trienio Liberal andaluz

  José Moreno Guerra fue diputado por Córdoba durante el Trienio Liberal y algunos autores lo han definido como un precursor del socialismo o como “un Marat sin guillotina” (Zavala, 1971: 69). Nacido en la campiña cordobesa (La Rambla) en 1777, fue un representante de la pequeña burguesía urbana radicalizada que tomó parte muy activa en el devenir político y económico de la Andalucía de su siglo. Fue uno de los principales dirigentes de los comuneros o Confederación de Comuneros nacida entre 1820 y enero de 1821 junto con Romero Alpuente (Zavala, 1971: 73). Los Papeles de Fernado VII coinciden en atribuirle a nuestro protagonista, José Moreno Guerra, el carácter de fundador del grupo; un hecho con el que están de acuerdo también las memorias de Alcalá Galiano (Ruiz, 2017: 64). Otros dirigentes comuneros fueron Javier Istúriz o Flórez Estrada.

  Los comuneros constituían un sector radicalizado dentro del liberalismo. Opuestos como todos los liberales al absolutismo monárquico, sus propósitos iban mucho más allá del deseo de un sistema constitucional que limitara los poderes de la monarquía, lo cual se materializa en su apuesta por la igualdad social.

  En febrero de 1823 vivieron una escisión, cuando una parte del grupo abandonó sus filas, acusando de radicalismo social a sus antiguos compañeros. Estos escindidos se denominaron comuneros constitucionales (Ruiz, 2017: 3) y acusaron a los comuneros de José Moreno Guerra de haber introducido una comisión de carbonarios de Filippo Buonarroti aquel dirigente compañero de Babeuf en la Conjura de los Iguales francesa en el movimiento (Díez, 2019:18).

El programa político de los comuneros

  La fragmentación del antiguo liberalismo de las Cortes de Cádiz explica la aparición de los comuneros, de los que Moreno Guerra fue fundador. Tras la vuelta al trono de Fernando VII, este se negó a firmar y cumplir la Constitución de 1812. No contento con ello persiguió a todos los que pretendían limitar sus poderes como monarca absoluto por medio de la constitución. En enero de 1820, las tropas acantonadas en Andalucía, preparadas para combatir a los independentistas de las colonias castellanas en América se sublevaron, con Rafael de Riego al mando, en un pronunciamiento militar, demandando a Fernando VII y consiguiendo que jurase la Constitución de 1812. Así se inició el denominado Trienio Liberal.

  El gobierno liberal de 1820 había echado raíces a través de las sociedades patrióticas (Zavala, 1971: 55) que, tras la vuelta de Fernando VII en 1814, habían sufrido persecución y cuyos miembros habían tenido que exiliarse para salvar el pellejo. El restablecimiento de la Constitución en 1820 y el gobierno liberal hicieron que todas las corrientes políticas afines pudieran manifestarse sin censuras. Sin embargo, a finales de 1820 se prohibirían de nuevo las más avanzadas, desarrollándose las sociedades secretas forma predilecta de los comuneros y otros sectores en línea con la tradición organizativa de Babeuf y deteriorándose profundamente las alianzas entre los distintos sectores liberales (Zavala, 1971:109). Las sociedades patrióticas prohibidas eran muy diferentes de las existentes en el siglo XVIII. Mezcla de club revolucionario francés y mitín inglés (Zavala, 1971: 62) y radicalizadas en sus propuestas, se extendieron especialmente por el país andaluz: isla de León, Sevilla, Granada, Cádiz, Córdoba.

  Los comuneros de Moreno Guerra fueron el sector político más radicalizado de las sociedades secretas. Hicieron gala de unas reivindicaciones estrechamente ligadas al artículo 3º de la Constitución del 12, es decir, el que reconocía la soberanía del pueblo (Zavala, 1971: 46), y criticaron duramente a los antiguos liberales doceañistas, mucho más moderados y que intentaban congraciarse con Fernando VII (Zavala, 1971: 75). El programa de los comuneros es descrito como el de jóvenes “que soñaban ya con las ideas del socialismo y la nivelación de fortunas” (Ruiz, 2017: 70). Nótese aquí la referencia a los niveladores o levellers ingleses del siglo XVII, que se enfrentaron a la monarquía británica con un programa de igualdad social. No era banal, pues, la acusación que les hacían de inspirarse y relacionarse con la carbonería italiana y Filippo Buonarroti (Zavala, 1971: 97).

  Su composición social era variada. Había militares, empleados de la administración, profesionales liberales, comerciantes y obreros de entornos predominantemente urbanos (Ruiz, 2017: 6). Su programa político coincidía con la gran burguesía liberal en su hostilidad contra los privilegios de la aristocracia, pero se situaba en una posición antagónica con esta burguesía al aspirar a una distribución distinta de la riqueza y la propiedad (Zavala, 171: 78). El movimiento comunero, además de confederal, tomó según algunos testimonios proporciones comunistas en Andalucía y los Países Catalanes. Los jornaleros y las clases oprimidas recorrían las calles solicitando la redistribución de la propiedad y la muerte de los ricos (Zavala, 1971: 110). Además, tenían una inspiración republicana que se evidenció especialmente cuando reclamaron que se procesara y destituyera a Fernando VII en el verano de 1822, tras la sublevación de la Guardia Real del mes de julio, produciéndose entonces una eclosión pública del discurso republicano (Roca, 2012: 100).

  En la formación de la todavía incipiente clase obrera andaluza, los comuneros incorporaron a las clases menos beneficiadas, constituyendo un camino intermedio entre los motines espontáneos frecuentes hasta entonces (ligados a las crisis de subsistencia propias del Antiguo Régimen motivadas por el alza de precios de productos básicos, el hambre...) y la lucha de clases, que aparecería con rostro reconocible muy poco después, por ejemplo, en las ocupaciones de tierras en Casabermeja y varias comarcas malagueñas en 1840 (Zavala, 1971: 78).

  Las conexiones internacionales de los comuneros de Moreno Guerra y el hecho de que las turbulencias se expandiesen a Nápoles en julio, a Portugal en agosto y al Piamonte en marzo de 1821, evidenciaron que las convulsiones contra el absolutismo constituían un conflicto a nivel continental entre los distintos tipos de liberalismo burgués que estaban en disputa: uno hegemonizado por la mediana burguesía, que reconocía libertades de prensa, participación y sufragio (en pugna por llevar la iniciativa política), frente a otro con una fuerza socialmente mixta, dirigido por sectores de la pequeña burguesía, enfrentado al moderantismo burgués y de clara vinculación y soporte popular, como anuncio de la conformación de un nuevo sujeto político: la clase obrera.

La solución al bloqueo español: la República Andaluza

  A finales de 1821 se produjeron motines en Sevilla y Cádiz contra el gobierno central (Zavala, 1971: 109) y dichas ciudades se declararon independientes, haciendo las autoridades causa común con los sublevados (Azcona, 1935: 216). En Sevilla “no permitieron permanecer en la provincia a las autoridades que el ministerio designó” (Guichot, 1871: 214). Detrás estaba el proyecto de una república con una estructura confederal, con clara influencia de la mitificada república federal norteamericana (Roca, 2012: 92), tal y como detalla un periódico de la época: “Piensan llevar el plan emancipando a cada provincia de por sí... Después de este paso, el segundo será concertar una confederación de todas las provincias” (Azcona, 1935: 219).

  A principios de 1822 el movimiento, pensado originalmente para todos los territorios del Estado en la península, había fracasado. Se quedó reducido a Andalucía, fundamentalmente al valle bajo del Gualdaquivir, en torno a las ciudades de Cádiz y Sevilla. Por eso desde Madrid se consideró como fallido y dieron instrucciones de que los sublevados cesaran las hostilidades (Azcona, 1935: 221). Pero los comuneros andaluces, dirigidos por José Moreno Guerra y Clara-Rosa, hicieron caso omiso a las instrucciones que les enviaron. La intensidad de la sublevación se refleja en las fuentes de la época, que afirman que las ciudades andaluzas no obedecían a otra fuerza que a los comuneros (Azcona, 1935: 201). Moreno Guerra era el principal partidario de la resistencia y hasta propuso derruir el puente de Zuazo, que comunica la isla de León y Cádiz (uno de los centros de los comuneros andaluces) con la península Ibérica, para hacerse fuertes en el que había sido bastión inexpugnable para las tropas francesas (Azcona, 1935: 221).

  Fue entonces, en pleno auge del conflicto político, cuando el comunero José Moreno Guerra propuso, en febrero de ese año, una república independiente andaluza (Zavala, 1971: 109). No hemos encontrado mayores detalles sobre el momento ni la proclama expresa, pero hay que considerar que Moreno Guerra era ya un público partidario de la independencia de las colonias americanas. En su Manifiesto a la Nación Española y particularmente a las Cortes de 22 y 23 sobre las causas que han paralizado la revolución y la marcha de las Cortes de 20 y 21, firmado en Cádiz el 16 del mismo mes de febrero de 1822, lo expone:

  Si las Cortes actuales no se hubieran dado a conocer al rey el 7 de julio de 820 (sic) por medio de la más degradante humillación, prosternándose ante sus pies, hincándose de rodillas y besándole la mano, quizá el reyno hubiera negado o suspendido la sanción de sus más benéficas leyes como, v. gr. la de sociedades patrióticas, la de señoríos y la de minas de la península […].Ya no queda más que un acto para atajar los males que ocasiona a la nación española la funesta guerra de América, y este es el reconocimiento de su independencia…

  Un año antes en 1821 la prensa moderada ya denunciaba el ideal confederal de los comuneros. Podemos ver un ejemplo de ello en El Imparcial:

Piensan llevar el plan emancipador a cada provincia de por sí. Después de este paso, el segundo será concertar una confederación de todas las provincias y cáteme usted aquí la república de las tantas provincias confederadas de España (Zavala, 1971, 110).

  En un momento de alta conflictividad y enfrentamiento con el gobierno de Madrid y sus propios compañeros de filas, en febrero de 1822, lo que ya era reconocido para las colonias americanas lo planteaba el cordobés José Moreno Guerra como una fórmula también aplicable a Andalucía. De hecho, sus vínculos con el continente americano fueron estrechos y por ello fue nombrado en 1824 cónsul en Gibraltar de la República Federal de Centroamérica.

 Tampoco es casual que esta propuesta independentista la hiciera José Moreno Guerra, de filiación librecambista (en clara consonancia con los intereses de la pequeña burguesía urbana andaluza), ante las presiones de la gran burguesía agraria andaluza y catalana que se beneficiaba de un mercado estatal único y protegido.

  Tras la vuelta del absolutismo en 1823 José Moreno Guerra tuvo que exiliarse. Tras un largo periplo se asentó en Tánger, donde intentó hacer valer su condición de cónsul centroamericano para avanzar en la lucha contra Fernando VII. En febrero de 1826 part desde Tánger camino de Inglaterra, muriendo durante la travesía. Su muerte se produjo en unas extrañas circunstancias. El mismo año de su fallecimiento fue condenado por Fernando VII a la pena de muerte y a la confiscación de sus bienes.

Conclusión

  El pronunciamiento independentista de Moreno Guerra no fue un hecho arbitrario ni aislado. Si observamos el siglo XIX andaluz veremos cómo no existen en él casualidades, sino causalidades: causas que explican los acontecimientos históricos. La propuesta política que Moreno Guerra formula a principios de 1822 de una república independiente andaluza es una muestra del dinamismo de la sociedad andaluza de la época y del bloqueo del desarrollo de las fuerzas productivas que la existencia del Estado español suponía para Andalucía. Es también una manifestación de las enormes desigualdades que arrastraba, impuestas por el proceso de conquista castellana en los estertores de la Edad Media y de su conformación como un espacio periférico dentro en la incipiente división internacional del trabajo propia del capitalismo mercantil. Estas son las hebras que componen el hilo rojo engelsiano que recorrió la historia de Andalucía durante todo el siglo XIX y parte del XX.

  A este bloqueo de las posibilidades de desarrollo material ‒que recoge también el Semanario de la Industria en 1846‒ se contrapone la reivindicación andaluza de un desarrollo económico autocentrado con componentes librecambistas y proto-socialistas. Por ahora es esta la primera vez que se formula en el siglo XIX, pero ni mucho menos será la última. Como el viejo topo de la historia, que aparece en los momentos álgidos para volver a hozar subterráneamente, a la espera de una mejor coyuntura si no tiene éxito.

BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

1 En la conocida Carta a W. Borgius, dice Federico Engels:Los hombres hacen su propia historia, sólo que en medios dados que la condicionan, y sobre la base de relaciones reales ya existentes, entre las cuales, las relaciones económicas por mucho que puedan ser influidas por las políticas e ideológicas siguen siendo las que deciden en última instancia, constituyendo el hilo rojo que las atraviesa y que es el único que conduce a comprender las cosas”.
2 A este respecto abordé la conjura independentista de 1641 y las “alteraciones andaluzas” de mediados del siglo XVII en este texto: http://pensamientoandaluz.org/index.php/carlos-rios/316-si-el-rey-vive-el-reino-muere-la-manipulacion-historica-sobre-el-plan-independentista-andaluz-de-1641.html