Martes 24 Abril 2018

La Junta Suprema de Andalucía y su importancia histórica

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Andujar, sede de la Junta Suprema de AndalucíaEn agosto de 1835, después de años de combates dinásticos entre carlistas e isabelinos tras la muerte de Fernando VII, conocidos como la primera guerra carlista, se produjo en diferentes territorios del Estado, pero muy especialmente en Cataluña y Andalucía por su importancia y extensión, un levantamiento liberal que tendría  en nuestro país características propias y significativas.
 
El estallido insurreccional en nuestra tierra comenzó simultáneamente en Málaga y en Cádiz el 23 de agosto, y para finales de mes ya se había extendido al resto de nuestra nación. Los liberales fueron creando diversas juntas provinciales autónomas y soberanas. Cada provincia andaluza pasó de hecho a autogobernarse y a dictar normas propias financieras, administrativas, etc.
 
A propuesta de la de Córdoba deciden confederarse y crear una supra-junta central soberana andaluza, la Junta Suprema de Adalucía,  conformada por dos representantes de cada junta provincial. El 2 de septiembre se constituiría dicha Junta Suprema de Andalucía en Andújar, presidida por Juan de Quesada, Conde de Donadío, presidente de la junta provincial de Jaén.
 
Inmediatamente después de su creación, una de las primeras decisiones adoptadas por ésta será la de iniciar el reclutamiento de unas milicias compuestas por treinta mil hombres. La respuesta de los andaluces fue tan masiva que ya para mediados de septiembre se contaba con dicha cifra de voluntarios. Al frente de dicho ejército andaluz se colocó a Luis Antonio Pizarro, Conde de las Navas, que salió inmediatamente para tierras manchegas, para  hacer frente a un ejército enviado desde Madrid por el gobierno estatal.
 
El enfrentamiento armado no llegaría a producirse porque, ante el avance de las tropas andaluzas, los miembros de las fuerzas gubernamentales desertaron, pasándose en su inmensa mayoría a las milicias andaluzas. Pero estás, en lugar de continuar hacia Madrid, pararon y se acantonaron a la espera de acontecimientos, los cuales no tardarían en producirse, ya que el triunfo andaluz provocó la caída del gobierno conservador presidido por el Conde de Toreno y el nombramiento de otro liberal presidido por Mendizabal.
 
Tras el aparente triunfo de las fuerzas progresistas, que obligaron a los isabelinos a aceptar sus principales demandas, como las de descentralización, restablecimiento de libertades básicas y la apertura de un periodo constituyente, que daría lugar a la Constitución de 1836, el movimiento se disolvería, y con él las juntas. Pero no en Andalucía, donde la oposición a ello de una parte de sus miembros, los más avanzados, que eran partidarios de perpetuarlas, así como su soberanía, y el profundizar en el proceso democrático y descentralizador, lograron mantenerlas durante un tiempo.
 
Tanto las juntas provinciales como la Suprema de Andalucía fueron las más activas, tanto a nivel local como general, las más determinantes en el proceso insurreccional, y las que más tardarían en disolverse en todo el Estado tras el supuesto triunfo del movimiento. De hecho, aún después de la instauración de un gobierno liberal “moderado” en Madrid presidido por Mendizabal,  aún durante mes y medio, hasta finales de octubre, en Andalucía se mantuvieron las juntas, coordinadas entre sí en Junta Suprema, y actuando cada una de forma autónoma.
 
Más allá de sus contradicciones ideológicas y de clase, así como de sus limitaciones finalistas, aquellas juntas supusieron un anticipo del movimiento cantonalista de 1873, tanto en sus principios ideológicos como organizativos, así como una primera manifestación de la Andalucía contemporánea como sujeto político diferenciado y autoreconocido, conformando por ello un cierto protoandalucismo. Baste como ejemplo el que en el Manifiesto de la Junta Suprema a los andaluces ya se hablaba de una “Federación de Andalucía”, en nombre de la cual se consideraba legitimada y se dirigía a sus conciudadanos, a los que califica de “pueblo andaluz” y les alababa su “indisoluble unidad”.
 
Especialmente destacable, después de siglos de alienación,  es que se hiciese referencia en él a Andalucía como La Bética y a los andaluces como béticos. Ello conlleva el que se considerase está etapa como nítidamente andaluza, en lugar de como “romana”. Para la reconstrucción nacional de nuestro país es esencial el asumir como propio la totalidad de nuestro pasado, acabando con la visión impuesta por la historiografía del régimen que nos lo arrebata, considerándolo siempre como algo ajeno. La etapa Bética no es “romana”, al igual que la andalusí no es “árabe” o la tartéssica no es “fenicia”. Todas ellas son andaluzas.
 
Es igualmente significativo, como signo de al menos un principio de intencionalidad soberanista por parte de aquel movimiento y de la Junta Suprema, el que la misma se estableciese cerca de la frontera natural de Andalucía, en Andújar. Aunque se hizo ante todo por cuestiones prácticas, es indudable que igualmente posee unas connotaciones semejantes a las que contendrían el que los cantonalistas de 1873 se desplazasen precisamente hasta las inmediaciones  de la misma, hasta Despeñaperros,  para proclamar la independencia del Estado Andaluz.
 
Cabe también destacar como el texto del Manifiesto trasluce el que el nacionalismo estatalista español aún no estaba en aquella época plenamente conformado, como se observa en el hecho de que se refiera en él al “pueblo español” como adjetivo equivalente y sinónimo también de “pueblo hispano” y “pueblo ibérico”, lo cual supone y conlleva el que España aún entonces era más un término de connotaciones geográficas que políticas, al igual que la referencia al “orgullo castellano”, que no español, obviamente incluida por el sector aristocrático de los insurrectos.
 
Su carácter prefederalista sería reconocido por Pi y Margall quién, a propósito de ellas, afirmaria que: “Tuvieron las (juntas provinciales) de Andalucía su Junta Central en Andújar y hablaron (a través de ella) de potencia a potencia (de igual a igual, de estado a estado) con el Gobierno de María Cristina (regenta del Reino de España por la minoría de edad de Isbal II. Utilizado como sinónimo de gobierno de Madrid).
 
Y su carácter protoandalucista por Blas Infante quien manifestaría que: “En 1835 Andalucía da una muestra de existir en ella una conciencia de unidad regional”, así como que lo que denominara “las provincias andaluzas unidas” constituirían a través de la Junta Suprema “un verdadero poder regional”, destacando el  que contase “con fuerza armada propia” y haciendo suyo el criterio de  Pi y Margall en el hecho y la importancia de que  tratase “de potencia a potencia” con el gobierno de Madrid.
 
Hay que aclarar, en cuanto al calificativo de “regional” utilizado por Infante, que este término además de adjetivación de zona territorial, políticamente hablando, era equivalente y sinónimo de “nacional” durante las últimas décadas del XIX y principios del XX, no poseyendo las connotaciones dependentistas y españolistas que adquiría posteriormente.
 
Nos encontramos, por tanto, ante un movimiento que pertenece al conjunto de los levantamientos que en la primera mitad del XIX llevarían a cabo la burguesía para alcanzar el poder. Pero es evidente que en Andalucía tanto la burguesía como incluso la propia aristocracia castellana no conformaban bloques monolíticos. En ambas clases sociales había una parte cuyos intereses se encontraban cuyunturalmente unidos a nuestra tierra y a nuestro pueblo, por lo que la defensa de los mismos coincidían, eso sí, sólo hasta cierto punto, en ciertos periodos excepcionales y de forma muy ocasional, con los interese nacionales o populares andaluces.
 
Ejemplos de dichas coincidencias parciales y episódicas las podemos hallar en distintas etapas históricas, no sólo en esta de 1835 u otras a lo largo del XIX, sino incluso en algunas más lejanas, como por ejemplo en la alianza entre una parte de la aristocracia castellana, encabezada por el Duque de Medina Sidonia, y la resistencia andaluza, encabezada por Taher Al Horr, para lograr conjuntamente la independencia del país y establecer una república andaluza en 1641.
 
Pero, como en todos los países ocupados, estos sectores sólo se manifiestan y actúan en circunstancias muy concretas y esporádicas. Además, por sus propias características, siempre se trata de sectores minoritarios e inmersos en irresolubles contradicciones internas y externas, y por todo ello no resultan determinantes. Fundamentalmente los intereses del ocupante, en nuestro caso la aristocracia rentista castellana y las oligarquías foráneas, y sus clases auxiliares nativas,  en nuestro caso la colaboracionista burguesía autóctona administradora, siempre se encuentran en contraposición con los de la colonia y el pueblo colonizado. Son antagónicos. De ahí el profundo error de pretender pseudo-andalucismos o reformismos interclasistas. Sólo el pueblo trabajador andaluz puede estar interesado en el proceso de liberación global, nacional y social, andaluz. Solo a él favorece.
 
Todo lo expuesto lo vemos reflejado en el movimiento juntero de 1835. Estamos ante un movimiento eminente burgués, aunque en él participen sectores populares y aristocráticos. Por cierto que esta participación de elementos aristócratasm, incluso en puestos dirigentes, no es algo excepcional sino bastante común, como lo demuestran otros movimientos burgueses de la época, comenzando por la propia Revolución Francesa. Pero es un movimiento en el que conviven elementos cuyos intereses se encontraban en Madrid, el sector mayoritario, el de los liberales “moderados” que acabaría pactando con los Borbones, frente a unos pocos que, por el contrario, los detentaban aquí y por ello coincidían con los de nuestra tierra y nuestro pueblo. Intereses contradictorios que resultaban obviamente insalvables.
 
Estos últimos, los más progresistas de entre ellos, los liberales radicalizados que quisieron mantener las juntas y no se contentaban con compartir el poder con los isabelinos, aquellos que la dieron su caracter andaluz, soberanista, confederal y autogobernante, serían el núcleo en torno al que se conformaría el Partido Demócrata en la siguiente década, antecedente del republicanismo federal. El Partido Republicano Federal sería el primer partido de masas de nuestra tierra, contenendo a los diversos sectores populares, incluidos los primeros núcleos obreros. Sería a su vez impulsor tanto de la primera revolución social y soberanista habida en nuestra historia contemporánea, la cantonalista, como posteriormente, por evolución del cantonalismo, desencadenante en nuestra nación, en gran medida, de los primeros colectivos revolucionarios libertarios y marxistas en el último tercio del XIX y principios del XX, así como del andalucismo histórico.
 
Francisco Campos López
 
 
 
Nota: Para aquellos que no conozcáis el Manifiesto de la Junta Suprema de Andalucía, lo podéis encontrar en el artículo referente a la misma publicado en el apartado “memoria andaluza” de La Otra Andalucía.