Martes 24 Abril 2018

28F: El día del régimen y de los del régimen en Andalucía

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28-F
La Andalucía oficial conmemora otro 28 de febrero. Nuevamente se nos bombardeará acerca de la importancia de dicho día, de los logros derivados de él y del gran triunfo que supuso para nuestro pueblo. Un 28 de febrero que es rememorado, nada más y nada menos, que como el Día de Andalucía, y designado como tal en sustitución del 4 de diciembre. Una sustitución nada casual. Un cambio que simbolizó el triunfo del mayor proceso de engaño colectivo sufrido por nuestro pueblo en las últimas décadas, y que formaba parte de otro más amplio, el de la “transición”.
 
Tras la muerte del Dictador, se pone en marcha la maquinaria del régimen con vistas a hacer posible su permanencia y continuidad. Una maquinaría legislativa e institucional ideada por el propio franquismo para asegurar la razón de ser primordial del golpe de estado del 36 y de la posterior instauración del “régimen del 18 de Julio”: la defensa del capitalismo y de España. España y capitalismo no son términos disociables ni diferenciables ya que la “nación española” y los estados españoles no son más que dos nomenclaturas de la perpetuación de los restos peninsulares / insulares del viejo Imperio Español, que bajo batuta burguesa es transformado en imperialismo capitalista. Todo nacionalismo y estatalismo español son pro-capitalismo.

Es

 
Políticamente hablando, desde principios del S. XVI y hasta mediados del XIX, España fue sólo el apellido de ese Imperio. Mediante el mismo se designaba a las distintas naciones bajo dominio imperial, con independencia de su ubicación. “Las españas”. Un imperio cuya realidad era europea, no “española”, a cuya cabeza se encontraba una dinastía ajena a la Península, austriaca, los Habsburgo. Si finalmente se terminó adjetivando como “español” no fue por ninguna cuestión “nacional”, sino accidental, derivado de que su centro administrativo, la Corte, acabó enclavado en la Península por cuestiones políticas y geoestratégicas. Mientras existió, hasta el XIX, España y español fueron sinónimos de Imperio y de súbdito del Imperio. No de un país concreto o un pueblo específico.
 
Todavía a comienzos del XIX poseía ese significado imperial. En la Constitución de Cádiz de 1812, su artículo 2º afirma que “la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios” y según su artículo 5º los españoles son “todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas”. “Nación española” era equivalente a Imperio y español a habitante del mismo. Había tantas “Españas” como dominios imperiales. Como territorios y pueblos incluía. De ahí el uso del plural. Tan “España” era Castilla como México, tan “español” era un gallego como un filipino. Nada que ver con la nación entendida como un país específico y pueblo único que abarcan las fronteras de los actuales estados españoles.
 
De las Españas a España
 
La Constitución de 1812 será la única que definirá políticamente lo que es España. Ninguna otra lo hará desde entonces. Las siguientes “de la monarquía española”, como se denominarán todas las del S. XIX, darán por hecho su existencia y pasarán a nombrarla en singular. Ya no habrá más referencias a “las Españas”, sólo a España. Sí se seguirá definiendo a los españoles: “todas las personas nacidas en los dominios de España” (la de 1845). “Las personas nacidas en territorio español” (las de 1869 y 1876). Estas diferencias no son sólo semánticas. El cambio de denominación de “las Españas” a España, y de “dominios de España” a “territorio español”, constituyen la plasmación del paso del Imperialismo universalista del antiguo régimen al capitalista peninsular/insular: Del viejo Imperio Español a los imperialistas estados españoles.
 
El proceso para llegar a dicho cambio se inicia con la muerte de Fernando VII en 1833. Tras su fallecimiento los borbones se dividen en dos tendencias en disputa por el trono; los partidarios de su hermano Carlos, los carlistas, y los de su hija Isabel, los isabelinos. Los isabelinos se encontraban en desventaja, son minoría, por lo que para asegurarse la supremacía se aliaron con la igualmente débil naciente burguesía. Es en esta alianza donde se haya el porqué de la inexistencia de “revolución burguesa”. Les fue innecesaria para lograr el acceso al poder.
 
Esa llegada al poder de las oligarquías burguesas a través de su pacto con el sector isabelino de los borbones, y el posterior triunfo de dicha alianza, aconteció en una etapa del Imperio en que éste agonizaba. Había perdido la práctica totalidad de sus colonias y quedó reducido a sus posesiones peninsulares, las “islas adyacentes” y unas pocas “posesiones ultramarinas”. Su llegada al poder en un Imperio en plena desintegración y la necesidad de la adecuación del mismo a sus necesidades de control y monopolio sobre mercados, materias primas, mano de obra, etc., conllevó ese cambio de las Españas a España. Del Imperio Español a un imperialista Estado Español. Y eso es lo que se refleja en los cambios constitucionales producidos a partir de 1845.
 
El Estado es el instrumento ideado por la burguesía para ejercer su poder omnímodo sobre los pueblos. Supone la sustitución del “derecho divino” y el “derecho de sangre” esgrimido por la aristocracia, por el del derecho de “representatividad”. El Estado se arroga el derecho a gobernarlos, en realidad la burguesía a través de él, porque afirma representarlos. Es la “democracia representativa”. Se pasa del absolutismo aristocrático a la dictadura del Capital.
 
De ahí el que cuando la burguesía alcanza el poder en el moribundo Imperio Español lo reconvierta, al menos formalmente, en Estado Español. Pero el hecho de que el Imperio esté conformado por distintas naciones y pueblos supone un obstáculo que lo imposibilita, pues desde la teorización burguesa del Estado, éste es la representación de una nación, el Estado-nación, y la nación es el territorio de un pueblo específico. La solución fue “nacionalizar” el Estado, simbolizado en la sustitución del término “las Españas” por el de España. La creación de una ficticia nación española que abarcase todos los países aún bajo control imperial y un pueblo español igualmente ficticio que englobara a todos. Y para hacerlo posible resultaba imprescindible la negación de los países y pueblos si realmente existentes, así como la de sus historias propias, sus identidades diferenciadas, etc.
 
Serán los sectores intelectuales “progresistas” decimonónicos, aquellos que representaban a la ideología burguesa “avanzada” en los distintos campos sociales, culturales y científicos de la época, los constructores del ideario nacionalista español. De la invención y justificación de la supuesta existencia de esa nación y ese pueblo español. Para ello retomarán las mitologías medievales eclesiásticas y castellanas transformándolas en recreado origen histórico de la nueva “nacionalidad”. Lo que hoy se nos vende como parte de un pretendido pasado común son fabuladas y desarrolladas entonces a partir de esas leyendas y convertidas en “verdades” académicas incuestionables: invasión árabe, reconquista, unificación por los “reyes católicos”, expulsión de los “moros”, repoblación castellana, la hispanidad, etc. Y serán estos sectores intelectuales “progresistas” burgueses los que nutrirán las visiones historicistas de la izquierda e instruirán a las clases populares, coadyuvando así a la expansión del españolismo entre ellas.
 
En el caso español, por lo tanto, no estamos ante el típico esquema teórico de un país y un pueblo que en el XIX se constituyen en Estado-nación bajo la hégira burguesa, sino ante los restos de un Imperio mantenido reestructurándose bajo forma de falso Estado-nación. No es el Estado el que surge de una nación y un pueblo preexistentes bajo el domino burgués, es el Imperio reconvertido en aparente Estado-nación el que idea una nación y un pueblo que justifiquen su permanencia. No es España la que crea el Estado Español, es el Estado Español el que crea España. Consecuentemente, todo estatalismo español es sinónimo de nacionalismo español y toda defensa de un estado español es defensa del imperialismo y el capitalismo. Todo lo español es intrínsecamente burgués.
 
Andalucía y el Imperio Español
 
Los antecedentes históricos y los precedentes del Imperio español se encuentran en el imperialismo castellano y el aragonés medievales. Centrándonos en el castellano, que es el que nos afecta, a finales del S.XI el rey castellano-leonés Alfonso VI iniciará una política expansionista haca el Este y hacia el sur, anexionándose amplios territorios vascos y manchegos, tras lo que se proclamará “Imperator totius Hispaniae”, Emperador de toda España, de toda la Península, pues ese era entonces el signifacado de España. La denominación geográfica de la Península.
 
La conquista de Andalucía se iniciará a principios del S.XIII y terminará a finales del XV. En el XIII se trataba de apoderarse de las ricas tierras del Valle del Guadalquivir, las zonas mineras de Sierra Morena y las costas atlánticas de nuestra tierra. Con ello se dotaba al Imperio de unas riquezas y una población imprescindibles para ampliaciones aún más ambiciosas, hacia Europa y el norte de África. Diversas circunstancias frustrarán ambos proyectos, lo que unido a la resistencia andaluza en los territorios penibéticos, retrasará la conquista total del país hasta el XV, en que se reactivara, culminando con la caída del última ciudad libre, Granada, en 1492.
 
La conquista de Andalucía no tiene parangón con otras anexiones territoriales efectuadas por el imperialismo castellano en la Península. En nuestro caso no se tratará sólo de la pérdida de libertades y derechos sino de nuestra propia identidad y existencia. Andalucía y los andaluces no serán tratados como tierra y población dominadas, sino colonizadas, al igual como posteriormente las poblaciones nativas americanas. De hecho, todas las estrategias empleadas allí fueron previamente practicadas aquí. En el hecho colonial se encuentran los orígenes de nuestra situación política y económica, y hasta de nuestra idiosincrasia sociocultural actual. Si no se analizan desde la óptica de país colonizado, sus porqués resultarán incompresibles.
 
Como a los nativos americanos, las tierras nos serán arrebatadas y repartidas entre los invasores en inmensas extensiones. Origen del latifundismo. Los campesinos a quienes les han sido quitadas son obligados a trabajarlas en beneficio de quienes se las han apropiado. Origen de los jornaleros. Se apropian también de todas nuestras fuentes de riqueza: minería, pesca, ganadería, etc. Origen del subdesarrollo. Se nos prohíben nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras creencias, hasta nuestras vestimentas, imponiéndosenos las del conquistador. Se nos obligará incluso a demostrar pública y cotidianamente nuestra adhesión a las mismas. Origen de tan exacerbadas y exteriorizadas demostraciones de catolicismo y castellanismo, hoy de españolismo. Con el tiempo esta identificación inducida será tan completa que supondrá el olvido de quienes somos, caso único en la historia.
 
Con la transformación del imperialismo castellano en Imperio Español, permaneció la ocupación y se culminó el proceso de colonización y de asimilación forzada. En contra de lo sostenido por la historiografía oficial. Andalucía no fue un emporio de riqueza. No vivió ningún “siglo de oro” durante dicha etapa. Efectivamente las riquezas procedentes del expolio americano eran desenbarcadas aquí, pero sus beneficios no revertían en nuestra tierra. Eran en su totalidad para la aristocracia ocupante y las distintas oligarquías asentada en nuestros puertos, principalmente el de Sevilla: castellanos, catalanes, genoveses, flamencos, ingleses, franceses, etc., eran los destinatarios, acaparadores y monopolizadores de los mismos.
 
Con el paso del Imperio Español del antiguo régimen al nuevo Imperio burgués, al imperialismo capitalista de los estados españoles, no sólo nada cambiará en lo sustancial, sino que por el contrario todo se acentuará. En el S. XIX sufriremos una segunda colonización. Una recolonización, política, económica, social, cultural, etc., que se sumará a la ya existente, aumentando exponencialmente sus consecuencias, y que terminará de modelar la Andalucía actual.
 
Andalucía en el Estado Español
 
El pacto entre el sector isabelino de la aristocracia (esencialmente castellana) y la naciente gran burguesía, con su sector industrial y comercial (fundamentalmente vasco y catalán) y con el financiero – especulativo (fundamentalmente madrileño – cortesano), conllevo para Andalucía que la posesión de la tierra siguiese inalterado, en manos de las grandes familias aristocráticas, a las que se sumarán la burguesas foráneas a través de las desamortizaciones, así como un puñado de burgueses autóctonos al servicio del imperialismo.
 
Ese puñado de burgueses, esa burguesía autóctona andaluza, muy minoritaria y pusilánime, no constituía realmente, y sigue hoy sin constituir, una burguesía nacional y mucho menos una gran burguesía propia, ya que los elementos destinados a componerla fueron erradicados o absorbidos durante la conquista y la posterior etapa de consolidación de ésta, y sustituidos en su papel por la oligarquía conquistadora, sino una burguesía auxiliar colonial, creada como tal por el mismo imperialismo, según sus propias necesidades y a su servicio, crecida a su sombra, cuya prosperidad dependía de su existencia y, por tanto, que estaba, y aún hoy sigue estando, plenamente identificada con él. De ahí que fuese tan castellana antes y hoy tan españolista, y que no esté interesada en el nacionalismo andaluz, potenciando en su lugar un regionalismo superficial que no atenta contra la dependencia y que sólo aspira a recibir las migajas que le corresponden por los servicios prestados, origen del “agravio comparativo” .
 
La economía permanecerá siendo típicamente colonial, rentista y extractiva, utilizando una mano de obra barata, gracias a que es mantenida en condiciones de mera subsistencia, el pueblo trabajador andaluz. Aristócratas y burgueses foráneos (peninsulares y europeos) se repartirán las riquezas del país, monopolizando su extracción, destinándolas a la exportación y revirtiendo los beneficios en sus tierras. Grandes extensiones del territorio, así como gran parte de la producción y las infraestructuras, serán controladas por capitales europeos: ingleses, franceses y alemanes principalmente. El resto estará casi por completo en manos de peninsulares foráneos: vascos, catalanes, madrileños, etc.
 
Esas burguesías ajenas cortarán todo intento de industrialización por parte de algunos elementos asentados en nuestra tierra o autóctonos. Como en cualquier colonia, mantener al país en el subdesarrollo resulta esencial. Aquí no se manufactura, se proporciona materia prima para que otros y en otros lugares lo hagan. Y de existir elaboración lo será de forma tangencial y subordinada a necesidades ajenas. No se sustituirá la colonización del antiguo régimen por la capitalista, se superpondrán y complementarán. Una doble colonización que en sus rasgos esenciales se ha mantenido inalterada hasta hoy. Otra singularidad histórica.
 
Es en este cúmulo de causas en el que se encuentran los porqués de las diversas características de nuestra economía actual. Nuestro subdesarrollo, desindustrialización, índices de paro, precariedad laboral, etc., no son casuales o coyunturales. Son estructurales e impuestos. La consecuencia de seguir siendo colonia del Imperio tras su reconversión en Estado Español. Un Estado en el que las élites dominantes han repartido los papeles a desempañar por los diversos pueblos y en el que nos corresponde el de colonia interior del mismo. También en ese conjunto de hechos sociales derivados de la colonización, se encuentran los porqués de una burguesía, una “clase política” y una “intelectualidad”, tan débiles, tan dependientes. Siempre mirando y pensando en Madrid.
 
La “transición” del régimen al régimen
 
Los golpistas del 36 se autodenominaban “bando nacional” y llamaban a los anticapitalistas y a los nacionalistas defensores de la soberanía de los diversos pueblos “la antiespaña”. Para ellos España, su “nación”, equivalía a Estado único y a capitalismo, y los que atacaban a ese Estado único y al Capital atentaban contra España. Contra su misma esencia y existencia. Y no les faltaba razón.
 
Fue por tanto el peligro que corría esa continuidad en su existencia del imperialismo capitalista español, del “libre mercado” y de la “nación” que lo amparaba, la causa del golpe de estado fascista. Y fue también el asegurarse de un cambio poblacional y generacional que impidiese el que volviese a estar en riesgo su existencia la razón de ser del franquismo. Si la Dictadura duró cuarenta años fue porque era el tiempo necesario para acabar con una generación, mediante la desaparición física, por asesinato o exilio de unos y la condena al silencio mediante el terror del resto, posibilitando así la educación en “valores” españolistas y pro-capitalistas de hijos y nietos. El exitoso resultado fue el “maduro pueblo español” que “protagonizó” la “transición”.
 
Una “transición” que no sería ni conllevaría el paso de un régimen a otro sino de un modelo a otro dentro del mismo régimen. Del franquista al neofranquista actual. Por eso se reformaba, precisamente porque se trataba de mantenerlo. De sostener y asegurar lo esencial e incuestionable, actualizando lo accesorio y lo prescindible. Cuando se reforma algo no se le sustituye, se le conserva. Toda reforma conlleva mantenimiento de lo existente. Reforzarlo efectuando determinadas mejoras. Reforma no es sinónimo de cambio sino su opuesto, y la “reforma democrática” del 78 no fue una excepción.
 
Lo esencial del “régimen del 18 de julio”, sus pilares sustentadores, aquellos que habían constituido los porqués del golpe fueron la defensa de “España”, del Estado único Español, y la del “libre mercado”, del sistema capitalista. Lo incuestionable era el proyecto trazado desde 1947, con la Ley de Sucesión, para llevar a cabo reformas del régimen a partir de la propia legislación vigente y cumplimentando sus previsiones constitucionales. Esa España definida en el artículo 1º de dicha ley: “España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”. Lo accesorio eran los formalismos. Los símbolos y nomenclaturas del mismo: yugos y flechas, movimiento nacional, corporativismo, etc. Lo prescindible la monopolización del poder por los partidarios del proyecto. Incluir en él a la “oposición democrática” formaba de los acuerdos alcanzados entre el régimen y las potencias occidentales cara al futuro, e incluía el que ésta se atuviese a él.
 
Y, tras el fallecimiento de Franco así se hizo. En conformidad con la legislación fascista, su sucesor fue nombrado Rey, las Cortes aprobaron la “Ley para la Reforma Política” y a través de ella la oposición fue legalizada, pasando a formar parte del régimen mediante su participación en unas elecciones, las de junio de 1977, y la elaboración de una nueva constitución, de una reforma constitucional, también según la legislación franquista y las bases previstas en 1947: “unidad política”, capitalismo, y Estado “social y representativo” que “se declara constituido en Reino”. La nueva Constitución se limitará a ratificarlo todo: “La indisoluble unidad de la Nación española” (art.2º), “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (art.38), que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho” (art.1º), y que “la forma política del Estado español es la Monarquía” (art. 3º).
 
Andalucía en la “transición”
 
El proyecto de “reforma democrática” del régimen franquista, con respecto a Andalucía incluía el mantenimiento de su status quo neocolonial. Andalucía, la “joya dela corona” de esos restos del imperio permutados en Estados españoles, resultaba imprescindible dentro del esquema imperialista peninsular. Ese Estado Español creado al servicio de los intereses del Capital, en el que las élites dominantes han repartido los papeles a desempañar por los diversos pueblos, y en el que al andaluz le correspondía el de permanecer como sempiterna colonia interior.
 
Pero para mantener esa Andalucía de economía colonial: rentista, extractiva y “de servicios”, se necesitaba perpetuar y ahondar en la mentalidad colonizada de nuestro pueblo. Como en cualquier colonia o situación neocolonial, un pueblo trabajador andaluz sometido, paralizado y resignado, alienado e ignorante de sí mismo, resultaba fundamental para asegurarlo.
 
Pero un 4 de diciembre de 1977 saltaron todas las alarmas del régimen. Tras las primeras elecciones de junio del 77, las “izquierdas” que habían formado parte del pacto de la transición y que pasaron a formar parte del régimen, fundamentalmente PSOE y PCE, vieron frustradas sus expectativas de gobierno ante el triunfo de la UCD, el PP de entonces. Frente al poder de la derecha en el Estado idearon entonces impulsar un contrapoder local y “regional” que no sólo contrarrestara sino que, a su vez, les sirviese de catapulta para ganar las siguientes generales.
 
Es por ello por lo que en Andalucía, sólo seis meses después de aquellas elecciones, se impulsa un movimiento autonomista que no pretendía ni estaba interesado en levantar Andalucía ni en despertar a nuestro pueblo, sino solamente en utilizarlo como herramienta de acceso al poder. Ese movimiento organizará manifestaciones en toda Andalucía aquel 4 de diciembre de 1977. De dicho movimiento también formaría parte el regionalismo representado por el PSA y una izquierda real, completamente desorientada y sin capacidad de análisis objetivo de nuestra realidad, fácilmente manejable por la izquierda del régimen, como lo venía siendo desde el 75, y aún hoy lo es.
 
Pero aquel 4 de diciembre del 77, el pueblo andaluz hizo suya aquellas manifestaciones y las reconvirtió en una demostración masiva de auto-reconocimiento y de exigencia de derechos. Dos millones de andaluces se echaron a la calle, mostrando su consciencia identitaria, su orgullo de ser andaluces y en exigencia de autonomía y de autogobierno. Autonomía y autogobierno que entendían como sinónimos de capacidad de gobernarse a ellos mismo y por ellos mismos. Aquella respuesta inesperada, que sorprendió a los propios convocantes, asustó al régimen, pues significaba un pueblo despierto y en pie, que lo convertía en “ingobernable”. No era posible mantener la Andalucía neocolonial prevista con un pueblo activo y combativo.
 
Del 4D al 28F
 
Como consecuencia se inicia un plan orquestado de engaño masivo al pueblo, que consistía en desactivar aquel movimiento popular del 4D y reconducirlo. La desactivación se realizará no volviendo a convocar ningún otro 4D de esas características, y su reconducción se concretizará en el llamado “Pacto de Antequera”. El siguiente 4 de diciembre, el de 1978, en lugar de volver a convocar otras manifestaciones masivas, manteniendo así en pie al pueblo, los “lideres” políticos y los parlamentarios, convocados por una “junta pre-autonómica”, se reúnen en Antequera y firman un acuerdo en cuyo preámbulo ya dejan clara sus intenciones: “como muestra de apoyo activo a la Constitución Española, en aceptación del marco autonómico en ella contemplado y como vía para fundamentar lo más sólida y rápidamente posible la nueva estructura del Estado Español, basada en la indisoluble unidad de la Nación española, en la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y en la solidaridad entre ellas”.
 
Un detalle trascendente y significativo a tener en cuenta es que la Constitución Española a la que se hace referencia aún no existía, jurídicamente hablando. Sólo era un anteproyecto, aún no aprobado en referéndum, ni ratificado por el rey, ni publicado en el BOE, por lo que no había entrado en vigor. Luego el significado de esa adhesión a una continuación inexistente era en realidad un compromiso de acatamiento a los límites marcados en la transición. Esa “nueva estructura del Estado Español, basada en la indisoluble unidad de la Nación española”.
 
El acuerdo incluía “desarrollar los esfuerzos unitarios encaminados a conseguir para Andalucía, dentro del plazo más breve posible, la autonomía más eficaz en el marco de la Constitución”. “Promover, a través de los medios constitucionales adecuados, en todos los Ayuntamientos de Andalucía, la iniciativa autonómica en acción coordinada por la Junta de Andalucía”. “Apoyar el Proyecto de Estatuto de Autonomía que elabore la Junta y aprueben los órganos que a este fin determina la Constitución”. “Defender la aprobación del citado Estatuto de Autonomía cuando éste sea sometido a la decisión del pueblo andaluz”. En definitiva, comprometía a circunscribir las reivindicaciones andaluzas a los límites previstos y a defender esos límites ante el pueblo.
 
Pero el Pacto de Antequera conlleva también el quitarle el protagonismo al pueblo. Sacar las reivindicaciones de la calle y llevarla a las “instituciones”. Cambiar la acción directa del pueblo por la pasividad de limitarse a esperar los logros que obtuviesen para ellos y en su nombre sus “representantes”. O sea, además de reconducir el proceso desactivar por completo al pueblo.
 
A partir de la firma del Pacto de Antequera se pondrá en marcha la maquinaria del régimen con los partidos como actores de una obra de engaño masivo. Se nos hará creer que la autonomía prevista en la Constitución, esa mera descentralización administrativa del Estado y de gestión delegada en su nombre, equivalían a la autonomía real y al autogobierno reclamados. Se dividirán los papeles de buenos y malos en la representación teatral, haciéndonos creer que los unos luchaban por “la autonomía plena” del 151 y los otros por restringírnosla a través del 143. Y todo ello para condicionarnos y hacernos creer que ganábamos cuando, en realidad, éramos derrotados en nuestras aspiraciones. La obra culminará en el referéndum del 28F. Si hubo una respuesta tan masiva y afirmativa por parte de nuestro pueblo fue porque se le hizo creer el embuste. Creían que votaban autonomía cuando lo hacían por la descentralización. Por tanto no hubo triunfo sino derrota.
 
El “Estado de las autonomías”
 
La “reforma democrática” del régimen incluía, además de su continuidad y la adecuación de sus estructuras a formalismos democrático-burgueses, compartir el poder con la “oposición democrática”. Pero también atender los intereses de las grandes burguesías nacionales vasca y catalana, representados dentro de la “oposición” por sus respectivos partidos. Unas burguesías que estaban interesadas en el mantenimiento de los estados españoles, ya que económicamente se beneficiaban de ello, pero que a un tiempo aspiraban a controlar sus propios territorios. El resultado fue “el Estado de las autonomías”.
 
Un autonomismo que respondía a esos intereses y que estaba previsto circunscribirlo a ambos países. De ahí la distinción entre “nacionalidades” y “regiones” en la Constitución del 78. Las “nacionalidades” serían la vasca y la catalana. El resto sería “nación española” formada por distintas “regiones”. Limitar las “nacionalidades” a esas dos es la razón de escoger una medida tan arbitraria como poseer estatuto de autonomía aprobado durante la II República Española a la hora de determinar si se era “nacionalidad histórica”, pues en ese periodo solo lo lograron vascos y catalanes. Pero obligó a incluir a Galicia, considerado un “mal menor” asumible.
 
Para el resto, para “las regiones”, estaba previsto un grado de “delegación de competencias” mucho menor y que además, si querían obtenerlas, en lugar de poseerlas automáticamente, como en el caso vasco y catalán, debían solicitarlas a través de un proceso previsto en el Título VIII de la Constitución, a través del artículo 143, más fácil y lento, u otro, aparentemente más igualitario con respecto al “techo competencial” alcanzado por las “nacionalidades” pero mucho más difícil de lograr, la opción del 151. Aparentemente porque, en caso de lograrse, lo previsto era corregirlo en la praxis, como ocurriría en Andalucía.
 
Un autonomismo que, en cualquiera de los casos, no iban más allá, ni permitian ir más allá, de lo meramente administrativo. De la gestión parcial de competencias, en nombre del Estado único y formando parte estructural del propio Estado. Las “instituciones autonómicas no son ni actúan más que como meras “delegaciones regionales” del Estado, del que forman parte: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas” (art. 137). Ayuntamientos, diputaciones y “autonomías” sólo son sucursales administrativas del Estado. Se escoja el camino que se escoja sólo eso se logra y sólo eso se puede alcanzar.
 
“La soberanía nacional reside en el pueblo español” (art.1.2). Bajo este subterfugio, al otorgar la soberanía, o sea, la capacidad de acción y decisión colectiva, a un inexistente pueblo español, en realidad lo que los neofranquistas del 78 hacen es negarles sus soberanías, sus derechos y libertades a los pueblos sí realmente existentes, al tiempo de que se aseguran el control absoluto sobre ellos y las “comunidades autónomas”. Ninguna normativa podrá ser aprobada ni ninguna actuación podrá ser llevada a cabo en ellas o por ellas sin la previa aquiescencia y la supervisión del Estado, o sea, del Capital que nos gobierna a traves de él. A tal extremo llega el control que en caso de que intentasen ir por libre podrían ser intervenidas por el Estado: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones” (art. 155.1).
 
El 28F, el día del régimen y de los del régimen
 
La Andalucía actual, la de la dependencia, la alienación y el subdesarrollo, es la consecuencia directa, no de tres décadas de gobiernos del PSOE, como se nos vende para mantener el estatus quo surgido de la transición, reduciendo nuestras aspiraciones y luchas a quien nos gobierna o como se nos gobierna, sino del propio 28F, del “autonomismo” en sí mismo. Aquel referéndum no supuso el triunfo de los andaluces, sino el triunfo del régimen sobre los andaluces. El 28F acabó, a corto y medio plazo, con la posibilidad de cambio real en Andalucía, a través de un pueblo consciente y en pie, en lucha por sus derechos y su libertad. El 28F no supuso la continuación, la consecuencia o la culminación del 4D, sino su destrucción. No hay compatibilidad posible entre ambas fechas. El 28F representa al “Estado de las autonomías” de la “transición”, o sea, al continuismo neofranquista. Al régimen en Andalucía.
 
El 4D el pueblo andaluz salió a las calle. Mantener el espíritu de aquel 4D hubiese conllevado mantener la calle como espacio de actuación y de reivindicación. El 4D el pueblo andaluz fue el protagonista. Mantener el espíritu del 4D hubiese conllevado mantener el protagonismo popular. El 4D el pueblo andaluz actuó por sí mismo. Fue un acto de acción directa. Mantener el espíritu del 4D hubiese conllevado mantener esa acción directa popular. El 4D reivindicó el derecho a gobernarnos a nosotros mismos y según nosotros mismos. Mantener el espíritu del 4D hubiese conllevado mantener la lucha por gobernarnos a nosotros mismos, por nosotros mismos y según nosotros mismos.
 
En cambio, el proceso iniciado con el Pacto de Antequera y culminado con el referéndum del 28F significa y supone lo opuesto. Si el 4D era la calle, el 28F eran las instituciones. Si el 4D era protagonismo popular, el 28F era el protagonismo de los “líderes”. Si el 4D era acción directa, el 28F era la pasividad de la “representatividad”. Si el 4D era reivindicación de derechos y autogobierno, el 28F era reivindicación de descentralización y delegación de competencias. Si el 4D era exigir gobernarnos a nosotros mismos el 28F es aceptar y acatar el ser gobernados.
 
Reivindicar el 4 de Diciembre es reivindicar la Andalucía libre y la lucha por la Andalucía libre, mientras que reivindicar el 28 de Febrero, el “autonomismo”, es reivindicar la Andalucía dependiente y sometida, la Andalucía del régimen neofranquista de la transición. Es reivindicar la Andalucía esclava, la Andalucía española. El 28F es el día del régimen y de los del régimen, de sus partidarios en Andalucía. Presisamente porque ambas fechas contienen estos sifnificados tan diferentes y antagónicos, es por lo que el régimen y los del régimen en Andalucía, desecharon el 4D como Día de Andalucía y escogiero en su lugar el 28F como el día de su Andalucía.
 
Ni por la dignidad ni por las “emergencias sociales”, por nuestra libertad·
 
Las diversas problemáticas de Andalucía tienen un mismo origen: La conquista Castellana del XIII alXV, la permanecia de la ocupación bajo el Imperio Español y su perpetueción en los estados españoles. Todas ellas derivan o estan condicionadas y determinadas por la ocupación y coloniazación del país. Hasta el siglo XIII, Andalucía fue una potencia política, económica y cultural que se encontraba entre las más avanzadas de su época. Mientras fuimos nuestros propios amos y los dueños de nuestra tierra hubo prosperidad, desarrollo y bienestar. Fue a raíz de la colonización, cuando dejamos de ser nuestros propios amos y los dueños de nuestra tierra, cuando se inició nuestra falta de prosperidad, desarrollo y bienestar. Una situación inherente al hecho colonial y que se mantiene hasta la actualidad, porque seguimos sin ser nuestros propios amos y los dueños de nuestra tierra.
 
A lo largo de la historia no existe un solo caso de país colonizado que haya prosperado. Todos fueron colonizados precisamente para arrebatarles sus riquezas y esclavizarlos, posibilitando así la prosperidad del ocupante a costa de la suya. De ahí que allí donde ha habido colonización los pueblos hayan puesto sus esperanzas no en prosperar dentro del estado colonial, sino en lograrlo acabando con la colonización. Allí donde ha habido colonización los movimientos políticos de dichos pueblos han actuado como movimientos de liberación, y a la cabeza de los mismos siempre se han situado las izquierdas verdaderamente revolucionarias.
 
El subdesarrollo, el paro, la falta de oportunidades, de cultura, de legislaciones favorables a las clases populares, etc. No hay un solo parámetro de nuestra realdad política, económica o social que no se origine en el hecho colonial y que no se perpetúe como consecuencia de la permanencia del hecho colonial. Somos el “furgón de cola” del Estado por la mismas razones y las mismas causas que lo es el “tercer mundo” con respecto al imperialismo capitalsta occidental. Somos el “tercer mundo” del imperialista Estado Español. Y no podremos dejar de serlo dentro del Estado español, sino contra el Estado Español, porque es el formar parte del Estado Español el motivo y el origen de nuesttras carencias. Los estados imperialistas no se reforman ni se mejoran, se combaten y de erradican.
 
Todo comenzó con la falta de libertad y todo cambiará sólo a partir de que recuperemos nuestra libertad. Luchar por la dignidad de un pueblo es luchar por su libertad. No hay dignidad sin libertad. Luchar para solventar las emergencias sociales es luchar por acabar con las causas de la misma. No se trata de luchar por “ser como la que más”, esclavos entre esclavos, sino de luchar por “volver a ser lo que fuimos”, un pueblo libre. Ni cambios de gobernó, ni de leyes, ni de competencias, ni de financiación. El único cambio real es luchar por nuestra libertad. Otra España no es posible. Otra Andalucía sí. La Andalucía libre. La Andalucía soberana.
 
 
 
Francisco Campos López