Viernes 14 Diciembre 2018

II República Española: la otra “transición” del régimen al régimen

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Rojigualda o tricolor
 
Se ha rememorado un nuevo 14 de abril y las izquierdas reformistas españolistas nos han vuelto a machacar con el mito de la II República Española. Un año más han vuelto enarbolar la bandera del Estado Español como alternativa al Estado Español. Nuevamente han  desviado la atención de la problemática antipopular que representa la existencia misma de los Estados españoles, pretendiendo hacer creer que ésta se reduce a su forma de gobierno, y al quién y el cómo se los gobierna, con el obvio objetivo de salvaguardar al Estado único.  A esa “unidad de destino”, ya sea en “lo universal”, lo “nacional”, el “país de países”, las emergencias sociales, la realidad dada, el internacionalismo, la clase obrera, o incluso el socialismo, pero siempre en la sacrosanta “unidad de destino” incuestionada e incuestionable de un Estado Español.
 
¿Pero qué fue lo que ocurrió realmente aquel 14 de abril de 1931 y que representó? Quizás la más conocida de las respuestas es aquella de que “España se acostó monárquica y se levantó republicana”. Esta frase atribuida al almirante Aznar-Cabañas, último Presidente del Gobierno de Alfonso XIII, resume en unas pocas palabras lo sucedido, pero, a su vez, la propia descripción de lo acontecido, su inmediatez y la facilidad del cambio, originan multitud de interrogantes.
 
Lo cierto es que tras la celebración de unas simples elecciones municipales dos días antes, en las que vencieron las candidaturas republicanas en la mayoría de las capitales de provincia pero no en el cómputo global, en el que los candidatos monárquicos  y los de otras tendencias sumaban más, y sin que hubiesen mediado grandes revueltas ni enfrentamientos previos, el Rey renuncia al trono y decide exiliarse. En un manifiesto dado a conocer el día 13, afirmará que “las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo”, añadiendo que, si quisiese, “hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil”. Tras su renuncia, el día 14 sería Proclamada la II República Española y Alcalá Zamora sería elegido Presidente del Gobierno Provisional, y después Presidente del Estado Español republicano.
 
¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que unas meras elecciones municipales y unos pocos centenares de concejales y alcaldes republicanos electos hubiesen provocado unos cambios aparentemente tan drásticos? ¿Por qué el Rey abandonó con tanta facilidad y tan rápidamente  el trono? ¿Cómo es posible que los mandos civiles, y sobre todo los militares, mantuvieran tal pasividad, permitiendo el desarrollo de los acontecimientos? ¿Explica la “obediencia debida” la inacción de un ejército caracterizado por sus pronunciamientos y enfrentamientos al pueblo desde sus inicios? ¿También estaban imbuidos del repentino espíritu pacifista del monarca? Dicen que los republicanos, a través de Alcalá Zamora, advirtieron que “si antes del anochecer no se ha proclamado la república, la violencia del pueblo puede provocar la catástrofe”, ¿pero es  creíble que la mera amenaza verbal de la “violencia del pueblo” fuese tan determinante?
 
Si Alfonso XIII aún contaba con “medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas”. Si aún controlaba los resortes del poder: instituciones, fuerzas policiales, ejército, etc.  ¿Por qué no opuso resistencia? ¿Fue un gesto altruista o la consecuencia de comprobar que ya no contaba realmente con esos “medios”, y el abandono del trono fue una indicación recibida de la oligarquía detentadora y controladora del poder real sobre los mismos? ¿Y, en ese caso, por qué las élites dominantes actuaron contra sus propios intereses? ¿O es que no lo hicieron?
 
Los antecedentes
 
A partir 1875, con la restauración borbónica, los agonizantes restos peninsulares/insulares del Imperio Español que pretendían pervivir mediante su reconversión en Estado Español, fruto de la alianza entre la gran burguesía y el sector isabelino de la aristocracia establecido hacía ya varios decenios, logrará consolidarse. Pero el Estado único imperialista y oligárquico impuesto, tuvo desde un principio que hacer frente al despertar identitario de las naciones aún bajo su dominio y al constante aumento de la conciencia de clase y de lucha de sus sectores populares.
 
En 1923, la crisis del régimen era de tal magnitud, la posibilidad del final del estado único y del propio Sistema era tan factible, que las oligarquías deciden optar por sustituir la “democracia representativa” por una dictadura cívico-militar a cuya cabeza pusieron al General Primo de Rivera. Pero el autoritarismo se mostró igualmente incapaz de controlar la situación. A partir de finales de los años veinte los sectores más inteligentes de la burguesía impulsaran un nuevo proyecto para salvaguardar sus intereses a través de un nuevo sistema político que, sin atentar contra “el libre mercado” y la “unidad de España”, llevase a cabo diversos cambios formales y superficiales que hiciesen posible contener y apacentar reivindicaciones nacionales y sociales.
 
El 17 agosto 1930 se concretiza el proyecto en el llamado Pacto de San Sebastián. Mediante el mismo, monárquicos “arrepentidos”, como Alcalá Zamora o Maura, en representación de los políticos del régimen, republicanos reformistas como Lerroux o Azaña, nacionalistas burgueses como Formiguera, “autonomistas” como Casares Quiroga, y socialistas “moderados” como Prieto, acordarán establecer una democracia parlamentaria bajo forma de Estado republicana.
 
Fue realmente esa alianza entre élites políticas del régimen y de aquella “oposición” lo que sentenció el fin de la monarquía. El Pacto de San Sebastián supuso un acuerdo de compartición del poder muy semejante al que se produciría tras la muerte de Franco en 1975. Desde 1930 la suerte de la monarquía estaba echada, como a partir de 1969 lo estaría la del franquismo tras la designación de Juan Carlos como futuro Rey. Con el acuerdo simbolizado por el Pacto de San Sebastián todo queda “atado y bien atado”, como diría Franco con motivo del nombramiento de Juan Carlos como su sucesor “a título de Rey”. Lo que vino a continuación, tanto en 1931 como en 1975, no fue ni supuso más que a la formalización de lo previamente establecido.
 
Las dos “transiciones”
 
Tanto en 1931 como en 1975, se trataba no de un cambio de régimen sino de un cambio de formas, normas y nomenclaturas dentro del propio régimen, para la salvaguardia del Estado Español. Un lavado de cara del Sistema al régimen español para hacer posible la permanencia de lo esencial del mismo, el Estado único y la economía capitalista. Prueba de ello lo serán las grandes similitudes entre ambos procesos, más allá de las diferencias temporales, formales y nominales.
 
En ambos casos el cambio fue “proclamado”. No fue la consecuencia de ningún movimiento popular sino de un acuerdo en las alturas entre élites políticas. No fue una conquista arrancada por las clases populares al Sistema sino un “cambio” concedido por él. Ni aquella República ni esta “democracia” fueron consecuencias derivadas de insurgencias populares o procesos revolucionarios, sino de acuerdos elitistas. Por ello en 1931 el Estado se acostó monárquico y se levantó republicano, al igual que en 1975 se acostó fascista y se levantó “democrático”.
 
En ambos casos el “cambio” fue la consecuencia y estuvo precedido de un pacto entre políticos del régimen y de la “oposición” reformista para compartir el poder y el establecimiento de un nuevo marco constitucional e institucional, en el primer caso entre monárquicos y la “oposición  republicana”  y en el segundo caso entre franquistas y la “oposición democrática”.
 
En ambos casos, como símbolo de continuidad y de continuismo, el primer Presidente elegido sería un representante del staff político anterior. En el caso de la “España republicana” fue Niceto Alcalá Zamora, exministro de la Monarquía, y en el de la “España constitucional” Adolfo Suarez, exministro de la Dictadura. El “republicano” Alcalá Zamora llegó ser con Alfonso XIII Ministro de la Guerra en plena ofensiva sangrienta por parte del colonialismo españolista en el Rif. El “demócrata” Adolfo Suarez llegaría a ser con Franco Ministro Secretario General del Movimiento. El máximo dirigente, tras el propio Dictador, del partido único fascista.
 
En ambos casos no hubo ruptura previa con las estructuras anteriores, sino que se partió de las mismas. Como subrayo Fernández Miranda acerca de la “España constitucional” actual, en ambos casos se trataba de avanzar “de la ley a la ley a través de la ley”, frase que resume a la perfección el continuismo y la continuidad en ambos “cambios”, igualmente aplicable a las dos “transiciones” y “procesos constitucionales”. Y, por cieto, también a lo actualmente propuesto por los podemistas. “Cambios” del régimen al régimen a través de sus legislaciones e instituciones, y sin sobrepasar las bases constitutivas y porqués de los Estados españoles: España y Capital. “Reformas” del régimen vendidas como cambios de régimen.
 
En ambos casos, no sólo se mantuvieron las estructuras del Estado y sus distintos estamentos sino que se mantuvo en sus puestos a la mayoría de sus elementos dirigentes. La misma Administración y sus responsables, las mismas instituciones políticas: Cortes, ayuntamientos etc., las mismas “fuerzas del orden” y sus mismos mandos, los mismos jueces y la misma jurisprudencia, el mismo Ejército y los mismos mandos militares, las mismas estructuras económicas, los mismos engranajes financieros, las mismas élites culturales y sociales, etc.
 
En ambos casos, los primeros procesos electorales y constituyentes, tanto en el paso de la monarquía a la República, como en el de la Dictadura a la “democracia”, se realizaron en conformidad con la legalidad anterior y a través de sus mismas instituciones. En el caso de la II República a través de las instituciones y legalidad monárquica, y en el de  la “democracia” actual a través de las instituciones y legalidad franquista. El primer parlamentario republicano fue elegido en conformidad con la monárquica Ley Electoral de 1907, al igual que el primer parlamento “democrático” de 1977 en conformidad con la franquista Ley para la Reforma Democrática de 1976, que a su vez desarrollaba la fascista Ley se Sucesión de 1947.
 
En ambos caso el “cambio” en las dos “transiciones” se limitó a lo superficial y anecdótico: las caras, las denominaciones, los símbolos y determinadas legislaciones. Se cambiaron partidos, nomenclaturas, banderas y constituciones, pero en sus bases estructurales no hubo cambio, sólo continuidad. En ambos casos se trató de una mera “reforma democrática” del régimen, no de la ruptura con el régimen existente y el establecimiento de algo totalmente diferente y contrapuesto.
 
En ambos casos es en esa falta de ruptura real y radical con lo anterior lo que constituye la raíz de sus ” males” insolubles. Fue de su propio seno, de entre sus propias estructuras y elementos no erradicados ni depurados, mantenidos y  reconvertidos, de los que partió el boicot al nuevo Estado y el Golpe de Estado que acabó con aquella España republicana. Y es del propio seno de las estructuras y elementos no erradicados ni depurados, mantenidos y reconvertidos, de los que parten las “carencias” y “crisis” de esta “España constitucional” que acabará con ella.
 
El Golpe de Estado del 18 de Julio
 
La razón de la escasa duración de los formalismos democráticos en los Estados Españoles no es más que la lógica consecuencia derivada de su propia artificialidad. Dado que no constituyen un típico Estado-nación Burgués, sino unos  Estados imperialistas, herederos y continuadores del antiguo Imperio en los territorios peninsulares e insulares de sus antiguos dominios, cada vez que han intentado conducirse dentro de los cauces de la “democracia representativa” han fracasado. En cada ocasión en que las élites dominantes han intentado el experimento “democratizante”, las reivindicaciones nacionales y de clase de los pueblos han aumentado exponencialmente, por lo que, antes o después, han tenido que dar marcha atrás, de nuevo hacia el autoritarismo. Los Estados Españoles, como todos los estados opresores, sólo son capaces de actuar y pervivir mediante la fuerza.  Cualquier resquicio de libertad tolerada acaba volviéndose en su contra.
 
La II República Española, al igual que la “monarquía constitucional” actual, no han sido más que sendos intentos de establecimiento de formalismos democraticos burgueses al uso en el Estado Español. Como tal Estado burgués será recibida por las izquierdas transformadoras la II República. Comunistas y anarquistas estuvieron ausentes del Pacto de San Sebastián y no formarían parte del “comité revolucionario” creado para instaurarla por los republicanos y “socialistas” del PSOE. Más aún,  cuando es proclamada la rechazan y llaman a obreros y sectores  populares a darle la espalda.
 
Tampoco participo en el pacto el andalucismo histórico, y tras su proclamación también fueron muy críticos con ella. En la campaña de la Candidatura Republicana Revolucionaria Federalista Andaluza, Blas Infante afirmara, plenamente consciente de sus limitaciones, contradicciones y continuismos: “El Gobierno Provisional de la República no ha sabido o no ha querido expresar la revolución. Con una ley electoral arcaica fraguada por los conservadores monárquicos  han querido construir las Cortes Constituyentes. Existen las mismas organizaciones electoreras, que con sus proclamaciones de candidatos y con los resortes de la técnica caciquil vienen a coaccionar la voluntad del pueblo” y justificara el porqué de la presentación a las elecciones de él mismo y del andalucismo con el objetivo de “procurar el triunfo de la auténtica revolución”.
 
Evidentemente, los elementos más reaccionarios y ultramontanos de aquella oligarquía la combatieron, pero ello no le resta carácter burgués. Como hemos visto, fueron los sectores más inteligentes de la gran burguesía, aliados con las pequeñas burguesías urbanas e intelectuales y las “aristocracias obreras” aburguesadas, sus impulsores. Para todos estos sectores sociales el enemigo no era la “democracia” sino las clases populares, muy especialmente la clase obrera. Y desde la instauración de los estados españoles a mediados del XIX, y la II República no sería una excepción a dicha regla, si acababan uniéndose a conservadores y autoritarios siempre era por ese miedo al “desorden” de unas clases populares “radicalizadas”, a la utilización de “las libertades” formales por los pueblos y clases populares para liberarse del Estado y del capitalismo. Por ello, en cada ocasión en que tuvieron que elegir entre “orden” y derechos, entre “paz” y libertad, apostaron por la represión y el totalitarismo.
 
El 18 de julio de 1936 no fue más que un nuevo pronunciamiento cuartelero por parte de un Ejército al servicio de las élites oligárquicas. Uno más entre los que habían llevado a cabo los militares cada vez que peligraban los intereses de clase burgueses, su monopolio explotador económico y su control exclusivo sobre esa enorme finca latifundista de explotación intensiva llamada España. El problema para las élites dominantes nunca radicó en la forma de Estado ni en la “democracia”, sino en la permanencia del propio Estado y el del sistema capitalista. Tampoco lo han sido las “libertades” sino en el grado de concienciación identitaria y de clase alcanzada por los pueblos, así como su capacidad de combatividad. El problema para las oligarquías en 1936 no era “La República”, sino que las libertades formales, las reformas sociales epidermicas y la descentralización administrativa que ofrecía y suponíia, no habían servido para contentar a las masas y a los países, como lo simbolizaron en 1934 la proclamación del Estado Catalán y la Revolución de Asturias.
 
Consecuentemente, los militares sublevados al servicio del Capital, no lo hicieron contra “La República”, de hecho los principales dirigentes de Golpe, como Sanjurjo, Mola o Queipo, eran conservadores pero republicanos. Tampoco contra un Frente Popular fundamentalmente socialdemócrata, cuyos elementos soberanistas y transformadores eran minoritarios, sino contra el peligro de que pudiesen ser acicates de procesos independentistas y revolucionarios.
 
Un ejemplo lo encontramos ya en 1932, en la llamada “sanjurjada”. En el bando de Sanjurjo, emitido con motivo de un pronunciamiento que según la historiografía oficial sería el primero contra “La República”, no se habla de rebelión contra la misma, sino contra la falta de orden y a favor de la unidad de España. En él, Sanjurjo afirma pretender “llevar la tranquilidad a muchos hogares humildes, y la paz”, y lo concluye dando vivas a “la España única”.
 
Del golpe cuartelero a la guerra de exterminio
 
Un mes antes del Golpe de Estado, Franco envía una carta a Casares Quiroga, en aquel momento Presidente del Gobierno, advirtiéndole del malestar en el ejército. En ella le pedía que se confiera a los militares el “restablecimiento” del “orden público” y la “pacificación de la nación”. La “alternativa” militar para “enderezar” una situación no fue un planteamiento sólo teórico, ya fue utilizada en 1934 contra catalanes y asturianos. De hecho, como en 1981 meses antes del autogolpe del 23F, en 1936 también desde diferentes medios se abogaba por una solución autoritaria. Un “golpe de timón” militar, dentro del orden constitucional, pero que suspendería temporalmente sus “garantías”.
 
En el manifiesto que lanza Franco el 18 de Julio en Las Palmas no se hablaba en contra del sistema republicano ni del Frente Popular como justificantes, sino de “la situación de España”, de “la anarquía (que) reina en la mayoría de sus campos y pueblos”, de que “las autoridades … la fomentan”, de las “huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la Nación”, de “la Constitución por todos suspendida y vulnerada”, del “espíritu revolucionario e inconsciente de las masas engañadas”, etc. Y ante todo ello proclamaba: “Justicia e igualdad ante la ley os ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Libertad y fraternidad exentas de libertinaje y tiranía. Trabajo para todos. Justicia social, llevada a cabo sin enconos ni violencias”.
 
Por su parte, en el Bando del Estado de Guerra que lanza ese mismo día en Sevilla Queipo de Llano, éste afirmaba que “las circunstancias extraordinarias y críticas por que atraviesa España entera; la anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgos evidentes de la Patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible el que no se pierda un solo momento y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de la Nación, tome a su cargo la dirección del país, para entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén restablecidos, a los elementos civiles preparados para ello”. El bando termina subrayando que todas las medidas contenidas en el mismo se tomaban “en bien de la Patria y de la República”.
 
Pero aquel golpe fracasó. Hasta entonces, los pronunciamientos cuarteleros consistían en un simple levantamiento militar en el interior de las instalaciones de sus unidades, como mucho acompañado de un sacar tropas a las calles y pasearlas o tomar determinados puntos, para amenazar a los gobiernos obligándoles a tomar determinadas medidas. Si la intentona no triunfaba en unas horas o días, se deponían armas y se marchaba al exilio. Pero en esta ocasión ocurrió lo inesperado. Las clases populares se pusieron en pie y derrotaron a los sublevados en las principales plazas. Los pueblos no serían en esta ocasión meros espectadores, sino que tomaron en sus manos la lucha contra los golpistas, saliendo a la calle, rodeado los cuarteles de los sublevados y haciéndose con el poder efectivo. La República se acostó burguesa y española y se levantó obrera y, de facto, convertida en repúblicas de los pueblos. Se formaron milicias que marcharon hacia los lugares bajo control militar, retomando algunos y paralizando el avance de las tropas golpistas en casi todos los frentes. Que diferencia con la “noche de los transistores” del 23F, en que la población se limitó a temer, escuchar y esperar. Diferencia que marca la distinción entre pueblos conscientes y poblaciones alienadas.
 
Hasta entonces se había tratado de un pronunciamiento más. Pero la reacción y el activismo popular no sólo orrorizó a las oligarquías, sino que les termino de convencer de que el grado de consciencia identitaria y de clase por parte de los distintos pueblos trabajadores había alcanzado tal nivel que las convertía en irreversibles. Unas clases populares que toman el protagonismo, que autogestionan su presente, sin depositarlo en manos de “representantes” ni de “líderes”, resultan ingobernables e irreconducibles dentro de los cauces burgueses de la “democracia parlamentaria”. Ya no bastaba con un “golpe de timón” autoritario, se imponía la necesidad de una “solución final” con respecto a unas clases trabajadoras y populares que habían conquistado su libertad y no estarían dispuestas a perderla ni a hacer dejación de ella.
 
Aquellas milicias obreras y populares organizadas improvisadamente en cada territorio por las izquierdas nacionales y revolucionarias no salieron a las calles “en defensa de la República”. De una “democracia parlamentaria”. De un Estado imperialista y burgués. La inmensa mayoría lo hicieron en defensa de sus pueblos, de su libertad colectiva y de sí mismos como clase. Y si lo hicieron en la trinchera de “La República” fue porque en la de enfrente se encontraba el enemigo nacional y social. Lo que aconteció en las calles y en los campos, aquellos primeros días y en los siguientes meses, no fue una contienda en defensa de “las libertades”, sino batallas de liberación popular, combates antifascistas y luchas armadas de clase.
 
Como consecuencia, la burguesía, consciente de todo ello, reconduce el Golpe de Estado hacia lo que podría calificarse como guerra prolongada de exterminio. Ya no bastaba con aterrorizar y contener, ahora se trataba de acabar con una generación “inservible” para el Sistema y de establecer un régimen que efectuase una reeducación colectiva y reconvirtiese en reutilizables a sus descendientes. Ese cambio de estrategia y metas quedaría simbolizado en la sustitución de la bandera española tricolor por la bicolor. La primera vez que se izó la “rojigualda” fue el 15 de agosto de 1936 en Sevilla por parte de líderes golpistas como Franco, Queipo, etc. El que sucediese transcurrido un mes del Golpe, y no unos pocos días, prueba el cambio de rumbo y niega la explicación de que no se utilizase con anterioridad para confundir, como mantiene la historiografía oficial.
 
La construcción del mito de la II República
 
La mitología en torno a la II República comenzará a conformarse en el inicio de la lucha armada de resistencia antifascista y anticapitalista emprendida por los pueblos trabajadores tras hacer fracasar el Golpe, y tras su transformación por los militares en una guerra de extermino contra las clases populares. Las autoridades republicanas se apropiaron de un triunfo que no les pertenecía y lo publicitaron como propio. Las fuerzas reformistas que sustentaban al gobierno y parte de las izquierdas revolucionarias, cuyo erróneo análisis del contexto les hizo apoyar al Estado, convirtieron lo que en realidad era lucha de clases y de sistema socioeconómico, en lucha pro-democrática y pro-republicana. A todo ello habrá que añadir que, a modo de propaganda pro-republicana, se le atribuyeron a ésta objetivos e idearios que tampoco fueron nunca suyos. Todo lo que en la II República Española, antes y durante la guerra, hubo de praxis o intencionalidad transformadora, fue impulsado por las izquierdas revolucionarias y llevado a cabo por las clases populares, no por el Estado. Este conjunto de equívocos contribuyó a que una democracia parlamentaria burguesa apareciera como paradigma de lo popular y lo obrero.
 
A partir de agosto de 1936, mientras los militares trasmutaban el golpe en guerra contra el pueblo, el gobierno republicano y las fuerzas que le sustentaban y apoyaban se dedicarán a intentar recuperar el control del Estado. Parecían más preocupados de quitarle el poder a las milicias populares y acabar con cualquier tipo o grado de autogestión popular que de hacer frente eficazmente al fascismo. El triunfo final de las políticas de reforzamiento del Estado estará simbolizado en los sucesos de Mayo de 1937 en Barcelona. Y ese triunfo de “la legalidad republicana” supuso, a su vez, el principio del fin de la propia II República Española. Durante el periodo miliciano y de poder popular, los facciosos fueron derrotados o detenidos. A partir del desarme popular y del desmantelamiento de su poder, “La República” no hará otra cosa que perder y retroceder. Y si aún se resistió cerca de tres años será también gracias al sacrificio y determinación popular, y a pesar de los múltiples errores y contradicciones del gobierno y el ejército regular.
 
El segundo periodo de construcción del mito republicano corresponderá al que trascurre a lo largo de la Dictadura y será elaborado tanto por las fuerzas republicanas y reformistas “en el exilio” como por el revisionismo “en el interior”, que reducirían la problemática republicana a una mera cuestión del logro y defensa de las libertades formales, y la del antifranquismo a la lucha por su recuperación, así como la de una guerra de clases y contra el pueblo a una “guerra civil”, a un enfrentamiento entre partes del pueblo, y a  una “guerra fratricida”, entre hermanos sociales, equiparando a agresores y agredidos, elevando a la categoría de pueblo  a los golpistas y a los fascistas, y dándole así, de facto, también legitimidad al régimen.
 
Los futuros “eurocomunistas” abandonarán la lucha armada de resistencia a partir de 1948, acabando con la actividad guerrillera, sustituida a partir de los cincuenta por una “política de reconciliación nacional” que buscaba el pacto con la oligarquía y sectores del franquismo. Esta nueva estrategia se concretizará en el Manifiesto-Declaración de 1956, en el que se afirmaba “estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil”. Según Manuel Azcárate, histórico dirigente del PCE de la época, esto se hacía “a fin de sustituir la dictadura franquista por un régimen de libertades cívicas sin abrir un nuevo período de luchas sangrientas y guerras intestinas” basada en el acuerdo “entre fuerzas que veinte años antes habían combatido en bandos opuestos”.
 
Casualmente, o quizás no, esta política de “reconciliación” y de “superación” de las “divisiones entre españoles” se asemejaba a la sostenida en paralelo por los franquistas. Por ejemplo, el enterramiento de miles de restos de “republicanos” en el “Valle de los Caídos”, sacados de las fosas comunes en que habían sido enterrados tras asesinarlos,  se justificó atendiendo a dichos criterios. Esta política se acentuaría en los sesenta en que el régimen pasó de conmemorar “la victoria” a “la paz”, aquellos “25 años de paz” de 1964, bajo la dirección de los sectores “aperturistas”, encabezados por “reformistas” como Fraga Iribarne, que según manifestaba pretendían realizar “desarrollos políticos” dentro del régimen conforme a “las necesidades de la reconciliación nacional, dentro de reglas constitucionales aceptadas por todos”, lo que “hacía indispensable la aceptación de algunas ideas, nos gusten o no”, en clara referencia a las libertades formales y un sistema parlamentarista.
 
Con estos argumentos se construyeron, al unísono entre fascistas, reformistas y revisionistas, no sólo los pilares del mito de la II República, de aquella primera “transición”, sino los de la segunda, los de la “democracia” iniciada tras la muerte del Dictador. Basta con observar estas coincidencias ideológicas y estratégicas para ver en ellas los orígenes de la visión actual de “La República” , así como las bases sobre las que se asentaría esta segunda “transición” y los contenidos de su “reforma democrática” que dio lugar al régimen continuista de 1977. Más aún, es en esta reescritura de la historia y esta “reeducación” sufrida por los hijos y nietos de aquellos que se defendieron de la agresión social y nacional con las armas en la mano, efectuada a la vez por el fascismo y el “republicanismo” espaoñoles, en la que se encuentran los porqués de que hoy puedan pasar por alternativas de cambio tanta propuesta socialdemócrata, pequeño burguesa y estatalista.
 
Cuando Franco pronunció aquello del “todo está atado y bien atado” tenía razón. Lo estaba y lo está, y se pretende que siga estándolo, precisamente a través de esos “cambios” que traerían consigo la nueva “reforma democrática” del Estado Español que conllevarían una tercera “transición” española, sea ésta monárquica, federal o republicana. Sin ruptura previa, total y radical con el régimen existente, sin recuperación previa de nuestra libertad colectiva, solo puede haber y sólo habrá más de lo mismo. Todo continuará “atado y bien atado” contra el pueblo trabajador andaluz.
 
Francisco Campos López