Lunes 23 Abril 2018

OBJETIVOS DE ANDALUCIA Y CRETINISMO CONSTITUCIONAL

Ratio: 5 / 5

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Decía en plena Revolución francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1793 en su artículo 28: “El pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar la Constitución. Una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras.

 

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Y continuaba la Declaración en su articulo 33:  “La resistencia a la opresión es la consecuencia de los otros derechos del hombre”.

Afirmaba finalmente en su articulo 35: “Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes.

Enunciados estos principios, omitimos recordar ahora -en aras de la brevedad- el contexto histórico y político en que se desarrolló y consumó la aprobación de la actual Constitución española.

Procedemos de inmediato -como si fuéramos un jurista al uso, en pleno éxtasis de exegeta- a recordar que el Art. 168 de la Constitución de la Monarquía española de 1978 exige los votos favorables de un mínimo de 231 diputados (de 350) y 151 senadores para la modificación de la Constitución en sus aspectos políticamente relevantes, entre ellos, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación (o el “derecho a decidir”, si optamos por su forma eufemística) [Diputados y senadores, recordemos, que se eligen en una relación que favorece la presencia y la mayoría de la “España Profunda”, por las artes derivadas de la ley electoral.] A continuación, requiere de la disolución de las cámaras y nuevas elecciones y nueva necesidad de contar con 231 diputados y 151 senadores y entonces un referéndum, que se ha de celebrar, ganar y validar. 

 Como se puede concluir de todo esto, los que pactaron la actual Constitución se encargaron bien de que, en los aspectos fundamentales y desde el punto de vista de las formalidades procedimentales, todo quedara atado y bien atado. Traduciéndolo al hoy, este esquema requiere, por ejemplo, que PP y PSOE asuman y defiendan la autodeterminación: 1º. en las cámaras, 2º. en unas elecciones, 3º. en las nuevas cámaras, 4º. en la campaña del referéndum y luego, 5º. que lo apliquen.

 O concretada en otra hipótesis, hacer las cosas “de la ley a la leypara hacer una reforma constitucional por vías constitucionales  -valga la redundancia- exige que PP, PSOE, Ciudadanos y sus satélites -en su forma actual o reformulada- obtengan juntos -lo subrayó, juntos- 18 diputados menos que los que el PP tiene en solitario hoy en 2017 en el Congreso español (¡y sin hacer referencia al Senado!)

 Y además, claro, todo ello demanda que en todo ese largo y agitado proceso, el aparato del Estado (el “Estado permanente”) se quede quieto.

 Hagamos cuentas, reflexionemos y continuemos.

 Si ahora nos planteamos una reforma estatutaria que planteara la Soberanía Nacional de Andalucía en lo general y/o en lo sectorial, habremos de recordar que según el texto de 1981 se requerían sólo para iniciar el proceso 36 diputados (sobre 109) en el Parlamento andaluz. Aprobarla en Andalucía demandaba un mínimo de 65 diputados y que luego fuera aprobada por el Parlamento español y refrendada posteriormente en referéndum (y visto lo visto, que el Tribunal Constitucional español luego no le encontrara ninguna pega para echarla abajo). 

 Por si esto fuera poco, el Estatuto de 2007 elevo el mínimo para aprobar una reforma estatutaria en Andalucía a 73 diputados. 

 O dicho de otra manera, la mera propuesta de una reforma -que siempre queda a expensas de la voluntad y el capricho de las instituciones españolas- requiere previamente que la suma de PSOE, PP, Ciudadanos y similares en su forma actual o renovada no supere juntos en el Parlamento andaluz los 36 diputados. Recordemos que hoy sólo el PSOE de Susana Diaz tiene 47.

 [El amable lector o lectora procederá en este momento a digerir lo que significan políticamente estas cifras.]

 Así pues, parece razonable afirmar que la Constitución española más que una “constitución cerrada” es una “constitución bloqueada”. Como le ocurre al entramado estatutario. Irreformables  ambos desde el punto de vista político sin romper el veto  español preestablecido.

 Conste que no discuto en general la conveniencia de concurrir a los enfrentamientos electorales, medir fuerzas, acudir a parlamentos e incluso acceder -si ello fuera posible- a ejercer el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hitos necesarios -seguramente- para acceder a la Libertad de Andalucía.

 Lo que si me parece intelectualmente deleznable y políticamente cínico es declararse comprometido o restringido por un marco constitucional y estatutario y su aritmética tramposa; hechos expresamente para impedir -ahora o en el futuro- cualquier pretensión de hacer efectivo un programa de emancipación nacional y liberación social o de construcción de una institucionalidad andaluza alternativa.

 Atados de pies y manos nadie puede liberarse y la Constitución y el Estatuto son indiscutiblemente pesadas argollas, hechas expresamente para mantener sujeta a Andalucía. Hacer pues apología de la sumisión es despreciable. En coherencia emancipatoria, sólo son  razonables las restricciones que impongan las conveniencias tácticas o la prudencia para no sufrir antes de tiempo la represión de España. Pero conveniencia o prudencia nunca pueden significar  una excusa para generar confusión; formar a militantes y pueblo en el sometimiento y no en la insumisión.

 Ese proceso de liberación nacional y emancipación popular requerirá -obviamente- de una mayoría social activa.  Extremadamente activa. Y que sepa y quiera pelear en múltiples, complejos e interconectados escenarios. Una mayoría gestada, nutrida, estructurada… desde y por Andalucía, como es lógico.

 Ahora bien, confundir esa mayoría social con una mayoría constitucional/estatutaria  española preestablecida conduce a la impotencia nacional y a la derrota popular. Afirmar que los estrechos canales de la institucionalidad española son los únicos caminos para la liberación de Andalucía significa, de hecho, negarla. Ahora, mañana y siempre.

 Reclamarse comprometido por objetivos genéricos sin asumir a renglón seguido los caminos necesarios para obtenerlos y sin educar desde hoy en ello a los llamados a conseguirlo, conlleva en la practica reproducir -aunque sea con otras palabras- los mecanismos de alienación y engaño que tanto han hecho sufrir a Andalucía y a millones de andaluces desde hace siglos.

 Así pues, esperemos elevarnos al menos al nivel de los viejos revolucionarios de 1793 y que sus históricos pronunciamientos nos inspiren a todos aquellos andaluces y andaluzas del siglo XXI que sinceramente creemos que Andalucía es una Nación con derecho a su Soberanía y que su pueblo tiene derecho a vivir en una sociedad socialmente justa, realmente humana.

 Javier Pulido

Andalucía, 26 de Septiembre de 2017