Lunes 22 Octubre 2018

ANDALUCIA Y SU FINANCIACIÓN

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Tres momentos y tres regulaciones que ilustran cómo España roba a Andalucía e institucionaliza y mantiene su subdesarrollo y dependencia nacional.Constitucion y Estatuto

1º. El caso de la "Deuda Histórica", de la historia al Estatuto pasando por la Constitución española y la Transición;

2º. Análisis de la financiación de Andalucía en el Estatuto vigente, aprobado por el Parlamento español en 2007 y

3º. La propuesta estatutaria sobre financiación aprobada por las sucursales de los partidos españoles en el Parlamento andaluz. 

 

[PRIMER TEXTO]
Caso “Deuda Histórica”, un ejemplo del sometimiento andaluz

 

En verdad, tras el caso de la llamada 'Deuda Histórica' se encuentra la Historia -así, con mayúsculas- pero no sólo, ni siquiera fundamentalmente, por el tiempo transcurrido tan prolongado entre su inserción en el Estatuto de 1981 y el hito que supone la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español, hecha publica en 2007 o por todas los avatares que la han acompañado en su todavía inconclusa peripecia. Tras la Deuda, aún siendo por origen y cuantía sólo autonómica, se halla la Historia andaluza -que viene de mucho antes, como es natural- porque de ella extrae legitimidad y en ella también se encuentra la explicación de su frustración y aborto.

Esta Deuda es hijastra de un pasado andaluz marcado por la explotación y expoliación españolas de Andalucía, que se proyecta hasta el presente.

Desde su Conquista, Andalucía sufrió a manos de la Monarquía española y del Estado español que le sucedió, un secular saqueo fiscal (*); padeció el robo de sus tierras por la aristocracia conquistadora; aguantó su desindustrialización y colonización económica y asistió a la rapiña de sus recursos naturales mineros y agrícolas. A lo largo de los siglos XIX y XX, Andalucía financió con sus minerales, sus vinos o su aceite y con el sudor de sus hombres y mujeres, la balanza exterior española y mientras se subdesarrollaba, facilitó el desarrollo ajeno. Consecuencia de todo ello fueron pavorosos índices de analfabetismo o malnutrición, dos millones y medio de andaluces expulsados de su Patria; desempleo, precariedad y bajos salarios crónicos y ausencia de todo tipo de infraestructuras.

La protesta andaluza de la Transición y las aspiraciones políticas nacionales y sociales que la acompañaron fueron derivados de esta historia.

Para contener primero y reconducir después este proceso, España -a través de sus fuerzas políticas y sindicales- utilizó diversos recursos.

Y así en 1978 y 1981 introdujo en su Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía redactado a su amparo y bajo su patronazgo, disposiciones como el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)(Art. 158.2 CE) para inversiones o la Disposición Adicional Segunda (DA2ª). La función política y social que ambos instrumentos estaban destinados a cumplir era dar la impresión a los andaluces de que se les reconocían los sufrimientos pasados y con ellos su derecho a su reparación y compensación colectivas, disponiendo de instrumentos efectivos para resarcir el diferencial acumulado y obtener justicia a través de una desigualdad de trato que llevara a Andalucía a la igualdad.

Obviamente, la maniobra llevaba implícita la trampa. España mantenía el pleno control de la recaudación y el Tesoro y así en cuanto se remansaron las movilizaciones andaluzas, el FCI -que era el espejismo que más se esgrimía por entonces- se generalizó de inmediato en cuanto a sus beneficiarios y desde un principio se redujo hasta cantidades ridículas y la DA2ª, simplemente, se 'olvidó'. Su lugar fue cubierto en parte tras la adhesión del Estado español a la Unión Europea por las migajas de los Fondos Europeos -diseñados esencialmente en provecho de Europa- repartidos por el Gobierno español arbitrariamente -hasta el punto de invertir la mayor parte de las partidas obtenidas en Bruselas gracias a las miserias andaluzas en otras naciones del Estado y sobre todo en Madrid- conformando al Gobierno andaluz con los restos y con su consecuente capacidad de financiar clientelas.

La financiación andaluza que establecía el Estatuto de 1981 -como el de 2007- era total y absolutamente dependiente. Su cuantía y potestades estaban expresamente subordinadas a otra Ley Orgánica española: la LOFCA. Esta Ley, en la forma, permitía al Gobierno español resguardarse tras el muy conveniente camuflaje de la “multilateralidad” y jugar al 'divide et impera'. En el fondo, dejaba en sus manos, vía Presupuestos anuales, la concreción y el desarrollo del sistema de transferencias que mantenía funcionando a la Administración andaluza. Este entramado establecía asignaciones optativas, complementarias y provisionales de nivelación de servicios -sustentadas en el Art. 158.1 CE y en el Art. 15 LOFCA- de alcance inconcreto -a partir de la indefinición existente sobre los "servicios mínimos" exigibles- dejados en su cuantificación al criterio discrecional del Gobierno español.

La DA2ª, inserta en ese contexto, justificándose en las terribles "circunstancias socioeconómicas" de Andalucía le prometía además la percepción de unos fondos excepcionales -justificados en el Art. 157.1.c CE- con destino finalista a incluir en los Presupuestos Generales del Estado español que compensaran el retraso general acumulado a la hora de las transferencias iniciales y le permitiera así prestar ese "nivel mínimo" en los servicios -Educación, Sanidad, Servicios sociales, etc-. Como además, las primeras transferencias se realizaron midiendo a la baja su coste para hacerle entonces la faena más barata al Gobierno español, se suponía que estos fondos cubrirían en adelante ese déficit de partida adicional hasta compensarlo. Una Comisión Mixta Andalucía-España era la llamada a gobernar y gestionar el asunto.

¿Qué ocurrió?. Pues que durante quince años, ni España pagó nada ni el Gobierno andaluz del PSOE -fiel escudero de sus jefes españoles- reclamó que se le pagara a los andaluces lo que estaba reconocido que se les debía. Así se gestó una deuda autonómica que se convirtió en 'histórica'.

La deuda autonómica pronto se convirtió, además, en una reclamación incomoda para todos los paniaguados beneficiados o al servicio del "Discurso del Triunfo" y la "Andalucía Imparable" emitidos desde el PSOE. Les recordaba la historia de opresión nacional que querían sepultar y la realidad de desigualdad que querían pertinazmente ocultar. Venían a decir que, una vez que aquí ya no se moría la gente de hambre y había algunas carreteras de dos carriles, "Andalucía no tenia nada que reclamar singularmente; Andalucía era como Albacete o Logroño". De ahí su obsesión -que se traslada al redactado del nuevo Estatuto propuesto- no sólo por disminuir su cuantía como deuda autonómica y facilitarle su abono al Gobierno español, sino también por disociarla del concepto de fondo más amplio de "deuda histórica", considerándola saldada y de ahí su reducción expresa a la condición de acto único, aunque ejecutable en cómodos plazos.

Son conocidas las circunstancias que motivaron la presentación del recurso de inconstitucionalidad que ahora resuelve la sentencia del Tribunal Constitucional español y que afecta también a algo tan aparentemente incuestionable como la validez de un censo para establecer los pagos por población.

Lo que ahora interesa es extraer de ella luz sobre la realidad andaluza y sobre su relación efectiva con España.

Lo que el Tribunal español ha venido a reafirmar es que el Estatuto podrá ser una Ley orgánica española aprobada por el Parlamento español pero que a la hora de la verdad su cumplimiento está supeditado siempre a la voluntad que pueda tener en ejecutarlo España; no ya el Parlamento español a través de otra Ley Orgánica o incluso por una Ley ordinaria, sino incluso meramente el Gobierno español en el ejercicio de sus funciones.

Andalucía puede reclamar si le apetece que se cumpla lo que quiera -aún sólo lo que ya pone la letra de su Estatuto- pero siempre estarán por encima de sus reclamaciones o de sus derechos formales "los intereses generales de España", que interpreta en cada momento a su conveniencia el Gobierno español de turno, con la asistencia en caso de necesidad, de su Tribunal Constitucional.

En otras palabras, el Estatuto andaluz no sólo 'vale menos' que la LOFCA, sino incluso que los compromisos que pueda insertar un Gobierno español en unos Presupuestos Generales del Estado; de los que podrá desdecirse si así le place, sin coste alguno. La relación de Andalucía con España es de plena subordinación y su objeto, mantener su Dependencia. Hasta el punto que España puede negar si le conviene hasta la evidencia de cuantos son los andaluces que su propio censo reconoce. Esta jerarquía es valida tanto para el Estatuto de 1981 como para el de 2006.

¿Cabe en buena lógica restringir el problema a la DA2ª?. En absoluto. Aquí estamos, sólo ante una expresión específica de una situación general. Si lo restringimos ahora a los asuntos de financiación, la conclusión es fácil: mientras España mantenga en su mano la llave del cofre, seguiremos así.

Distinto sería si fuera Andalucía la que controlara y gestionara toda su recaudación fiscal y estableciera su propia normativa -recursos políticos que le darían poder no sólo financiero para sostener su administración y servicios, sino también económico para orientar y favorecer su desarrollo, aun a costa de atentar a la 'unidad de mercado' cuando lo estimara pertinente- y que desde esa disposición, Andalucía -de igual a igual- pactara con España cuanto y en que plazo devuelve anualmente de lo históricamente robado a Andalucía, en forma de cupo de compensación. Con la advertencia de que si España no paga lo debido, Andalucía, para empezar, le pone una aduana en Despeñaperros, grava más sus productos o le exige 'pasaporte y visa'.

Para obtener algún día este trato digno y esta reparación histórica, es obvio, hemos de comenzar por votarle NO el próximo 18 de Febrero al nuevo Estatuto de Dependencia.

Javier Pulido

Publicado originalmente en Andalucía Libre nº 313 - Desarrollo y Estatuto - Deuda Histórica, Sábado, 3 de Febrero, 2007

(*). Por su pertinencia, incluyo aquí la nota nº 28 al tercer texto reproducido:

“En relación al expolio histórico andaluz hay un amplio interés –que comparten españolistas y algunas formaciones nacionalistas de otras naciones- por ocultar el expolio histórico sufrido por Andalucía a manos sucesivamente de la Monarquía española y el Estado español. Desgraciadamente, no conocemos que se hayan publicado estudios específicos dedicados a tratar y a cuantificar la cuestión, como ocurre abundantemente por ejemplo en Cataluña. Pero un apresurado repaso en la bibliografía histórica nos da pistas suficientes para intuir su alcance.

Así, en 1577 la recaudación del impuesto de la alcabala –sobre transacciones- en Andalucía suponía el 24% del total de la Corona de Castilla y el de los millones, el 23,6% de lo acumulado en las arcas de la Corona. En 1607 este subía a un 29%. En 1651, los cuatro reinos andaluces sostenían el 34,8% de las rentas de la Monarquía (Domínguez Ortiz, ‘Andalucía en el Imperio español’, Siglos XVI-XVII, en “Aproximación a la Historia de Andalucía”, Laia B, 1979).

En el siglo siguiente (1722) ya bajo dinastía borbónica, Andalucía pagaba el 33,3% de las rentas mientras, a modo de comparación, Cataluña contribuía en un 16% y lo que hoy es Euskadi se mantenía exento de pago. (Antonio M. Bernal, “La Andalucía Contemporánea”, pag. 189). Aún más, entre 1790-1795, las rentas provinciales recaudadas en Andalucía representaban nada menos que el 41,2% de todo lo recaudado por el Tesoro cuando su población entonces andaba por el 18,5% del total (Domínguez Ortiz, ‘Andalucía en la Edad Moderna’, “Los Andaluces”, Istmo, 1980).

La sobreimposición era económicamente evidente y políticamente, notoria consecuencia de las condiciones de la Conquista y anexión de Andalucía.

Otro tema relacionado de evidente interés sería el impacto de las producciones andaluzas para financiar la balanza comercial del Estado español a lo largo de los siglos XIX y XX, que hizo posible el desarrollo industrial fuera de Andalucía."

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[SEGUNDO TEXTO]
LA FINANCIACIÓN EN EL SEGUNDO “ESTATUTO DE LA DEPENDENCIA” (LLAMADO 'DE AUTONOMIA')

En lo relativo a Financiación también hay que agradecer a la vuelta de tuerca en Madrid, la ubicación en su frontispicio del nuevo y clarificador si cabe Art. 175.1. que establece que "Las relaciones de orden tributario y financiero entre el estado y la Comunidad Autónoma se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el art. 157.3. de la Constitución".

Otra novedad de calado -dentro del esquema de dominación previo, por supuesto- es en el Art. 175 2.b, cara a la suficiencia financiera, la inclusión de que la "población real efectiva” para atender, se cuantificará "de acuerdo con la normativa estatal". Esta inserción significa que -vista la reciente sentencia del Tribunal Constitucional español[11]- España cuenta con el aval estatutario para determinar en cuanto le venga en gana el censo andaluz que aplica a efectos financieros.

En el Art. 175 2.c. a la "garantía de financiación de los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales" le han añadido que esta se entiende limitada al compromiso de alcanzar unos sospechosamente inconcretos "niveles similares" al del resto del Estado -no idénticos a su media- y que además la promesa esta condicionada "siempre que se lleve a cabo un esfuerzo fiscal similar". En el punto d sobre responsabilidad fiscal han introducido una referencia al Art. 157.2 CE por el que se reitera la renuncia a que Andalucía adopte "medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías y servicios". En el punto f el Estado español se libra incluso de las aterciopeladas promesas tan usadas en Sevilla referentes a la fijación de las asignaciones andaluzas adscritas al Fondo de Compensación Interterritorial.

Más aún, el antiguo Art. 175, ahora Art. 178 -Tributos cedidos- ya era leonino, dejándolo todo al albur español pero ahora -en un ejercicio de sadismo insaciable- incluso esos tributos relacionados que quedan siempre en manos de España y que España puede alterar a voluntad sin que ello signifique reforma estatutaria, se explicitan en dos categorías: unos cedibles totalmente y otros, parcialmente. En lo relativo a Deuda publica, Art. 187, también han intercalado una nueva y redundante supeditación a la LOFCA.

La Disposición Adicional Segunda -Asignaciones complementarias- en su redacción definitiva es un atraco a Andalucía por el que España, gracias a este Estatuto, cierra definitivamente a nivel formal la grieta de la llamada "Deuda Histórica". España cuantificará a su gusto lo que paga de los atrasos y luego considerará saldado el expediente.

Por si fuera poco todo lo anterior, en la tan cacareada Disposición Adicional Tercera -sobre garantía de inversiones del Estado español en Andalucía- les han sabido a poco a las fuerzas españolas los artilugios de que ya disponían, que ya dejaban absolutamente en sus manos su concreción vía Presupuestos Generales del Estado y vía cualificación y cuantificación de conceptos.

A toda la inmensa y variopinta discrecionalidad española precedente les han sumado -gracias a PSOE, PP e IU- dos nuevas añagazas en Madrid:

1ª. Al suprimir las palabras "al menos" antes de referirse a que la inversión "equivalga al porcentaje de población andaluza en relación a la del conjunto del Estado español" han admitido que el mínimo se convierte en máximo. Esta supresión, aparentemente menor, implica una renuncia estatutaria al derecho andaluz a una inversión estatal superior a la media, compensatoria del pasado histórico de expoliación andaluz.
2ª. Incluso el mínimo entre los mínimos concedido, se ha restringido temporalmente a un "periodo de siete años", es decir, el Estatuto autoriza a que después del plazo citado, incluso expresamente, el Estado español invierta en Andalucía -aún sumándolo todo y haciendo las trampas que quiera- menos que lo que significa su porcentaje poblacional y sin establecer ningún criterio o mecanismo de protección.

Este Estatuto indigno -que hemos descrito en este y en anteriores artículos- es el que PSOE, PP y PCE-IU han pretendido blindar en Madrid -Art. 248- elevando de 3/5 a 2/3 el requerimiento de votos favorables para que en adelante el Parlamento andaluz pueda aprobar su reforma. PSOE y PCE-IU, al actuar así, han proclamado expresamente su acuerdo al veto de la derecha extrema españolista sobre el futuro de Andalucía; pues no otro es el objetivo de esta modificación.

Extraído de
“El Estatuto de la Dependencia, ofensa y humillación de Andalucía”, publicado originalmente en ANDALUCIA LIBRE nº 315, el 12 de Febrero de 2007 y ahora también asequible en REVISTA DE PENSAMIENTO ANDALUZ

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[TERCER TEXTO]
LA FINANCIACIÓN SEGÚN LOS PARTIDOS ESPAÑOLES ACTUANTES EN ANDALUCIA: SUS PROPUESTAS PARA EL ESTATUTO ANTES DE LOS RECORTES Y PACTOS EN MADRID

El Titulo VI aparece titulado como Empleo, Economía y Hacienda y es donde la reforma inserta su modelo de financiación (40), complementado en las Disposiciones Adicionales.

La Reforma mantiene para Andalucía sustancial y conceptualmente los mismos mecanismos de dependencia de las decisiones españolas en cuanto a financiación, que se recogían en el estatuto vigente de 1981 en su Art. 57 y en la Disposición Transitoria Sexta.(41)

Las criticas del ultraespañolista PP al respecto tienen una base jurídica ‘bizantina’ y un objetivo político claramente demagógico y confusionista. La derecha españolista ha hecho bandera de la idea de que no se puede modificar nada de los estatutos hasta que se reformara la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que deriva del Art. 157.3 de la Constitución española, concediéndole primacía. A esta posición han respondido PSOE y PCE-IU recordando que Estatutos y LOFCA tienen similar entidad y que ambas normas han de conjugarse como disposiciones derivadas de la Constitución española.

En la practica, además –y tal como denota la literalidad de la misma Reforma- resulta que los Estatutos ‘proponen’, la LOFCA ‘confirma y valida’ y son los Presupuestos Generales del Estado español, anualidad a anualidad, los que concretan’. Y las tres normas dependen de la aprobación del Parlamento español. No hay que olvidar que son los Presupuestos españoles los que al final fijan, por ejemplo, la Participación en los Ingresos del Estado o determinan la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial o las llamadas Asignaciones de Nivelación. También es el Gobierno español el que controla en ultima instancia el consultivo y meramente deliberante, Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La diferencia de estatus con relación a las Comunidades autónomas forales –Euskadi y Navarra- convierte en un espejismo toda pretensión de bilateralidad, por muchas nuevas Comisiones mixtas formalmente paritarias que se organicen.

No puede haber ‘paridad’ cuando hay una desigualdad normativa y efectiva abismal entre quien ‘tiene la llave del cofre y lo controla’ -España- y quien no la tiene y esta a expensas –Andalucía- de la benevolencia de su amo. En ultima instancia, todo seguirá dependiendo –como hasta ahora- de qué configuración y necesidades políticas tenga la Mayoría parlamentaria del momento en el Parlamento español y esas condiciones –con el actual mapa electoral andaluz- no auguran nada bueno para Andalucía.

El PSOE y el PCE-IU han repetido hasta la saciedad que la Reforma andaluza es equiparable a la catalana en este tema. También han argumentado que asegura el “doble de dotación” del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI); la garantía del nivel de ingresos; la inversión del Estado español en Andalucía en proporción a su población; el control de los fondos europeos destinados a Andalucía por la Junta y el pago de la llamada Deuda Histórica.

Sin embargo, el secretario general del Partido Andalucista, Julián Álvarez, tenía razón cuando afirmaba sobre la Reforma: “El texto condena a Andalucía a tener un texto similar al valenciano; un texto que no ofrece un mecanismo especifico de financiación. Vamos a estar sometidos a estar dentro del paquete global de los que no tienen una financiación definida”. Otra cosa es que las enmiendas(42) que el PA presentó al respecto fueran insuficientes para revertir esa situación. Veámoslo en concreto.

El Art. 153, tan citado, es una mera declaración de principios sin fuerza ejecutiva. Incluso con este condicionante, la suficiencia financiera que se reclama, se formula con restricciones al sostenerla “fundamentalmente” con relación a la población real efectiva. Menor tranquilidad aporta que incluso en este plano declarativo se segregue la “garantía de financiación de los servicios educativos, sanitarios y sociales” o que la “nivelación de servicios” restante quede vinculada junto a la población a unos inconcretosindicadores sociales que se determinen”. Preocupante resulta que incluso en un texto con estos objetivos se incluya la admisión de que los ingresos han de ser equivalentes a las necesidades “cuando la presión fiscal sea similar”, en aras de la preservación de la “unidad de mercado” español, lo que implica de entrada la reafirmación de la renuncia a un modelo tributario propio que actuara al respecto por exceso o por defecto según las prioridades que pudieran establecerse y de paso legitima de rebote las afirmaciones restrictivas incluidas en la reciente Reforma del Estatuto catalán(43).

También resulta arriesgado que las asignaciones del FCI se pretendan sobre un porcentaje del PIB “igual al que se considere para determinar los fondos estructurales europeos”, introduciendo aquí temerariamente a la Unión Europea como punto de referencia en plena oleada de recorte presupuestario europeo y sin tener en cuenta que Andalucía no tiene control ni influencia alguna en Bruselas.

También se asumen los neoliberales criterios de “estabilidad presupuestaria” y se reafirma la apuesta españolista por la “multilateralidad”, que implica tanto no reconocer la personalidad nacional de Andalucía como renunciar de antemano a cualquier relación con España adecuadamente compensatoria.

Lo más positivo del articulo es la declaración de que Andalucía “tendrá acceso al conjunto de la evolución de los tributos y su incidencia en la financiación autonómica”, aunque obviamente es algo que para convertirse en practica real depende también del asentimiento español. En cualquier caso, la función de este artículo –incluso con todas sus insuficiencias- es fundamentalmente propagandística. Se trata aquí de vender la Reforma.

El asunto comienza a aclararse en el Art. 154 donde tras enumerar las fuentes de ingreso de Andalucía su punto 3 especifica “El establecimiento, regulación y aplicación de dichos recursos se efectuará cuando proceda en los términos y con los limites previstos o derivados de la LOFCA”.

Es decir, la Reforma del Estatuto andaluz reconoce que su base de financiación está a expensas de lo que se decida en la LOFCA. A este respecto, conviene recordar que el estatuto catalán aún sometiéndose a esta subordinación la intenta al menos atenuar o limitar en su Art. 201 cuando declara que “Las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la LOFCA” y luego en su Art. 203.3, detalla algunos mínimos en cuanto a sus parciales competencias normativas derivadas, que la reforma andaluza omite por entero. Y para blindarse ante sorpresas el Estatuto catalán recurre a sus disposiciones adicionales 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11 y 12ª para, al menos, asegurarse en los próximos siete años una inversión estatal igual a su porcentaje sobre el PIB español y establecer, uno a uno, específicos, detallados y concretos porcentajes de cesión de impuestos.

La reforma andaluza, por el contrario, en su Art. 155, opta por relacionar tributos que pueden ser cedidos aclarando, de entrada, que lo serán “con los limites y en su caso, con la capacidad normativa y en los términos que se establezcan en la LOFCA”. La delegación es de tal entidad que –reproduciendo el contenido del vigente Art. 57.2.- la reforma reconoce que mediante proyecto de ley española, la “modificación del presente articulo no se considerará modificación del estatuto”.

La proyectada Comisión Mixta Estado español/Andalucia -que se regula en el Art. 159 bis- es en estas condiciones, simplemente el foro en donde está previsto escenificar la gestión de esa dependencia que abarca al conjunto de la financiación. Y así la llamada Agencia Tributaria andaluza que se recoge en el Art. 158 se reduce a una renominalización de lo ya existente que todo lo más puede ejercer como subcontrata al servicio de la Administración Tributaria española. En materia de competencias tributarias –Art. 157- no hay cambios de fondo ni de forma con el Estatuto vigente.

El pago en adelante de la llamada “Deuda Histórica” –Disposición Adicional Segunda- para compensar la imposibilidad de prestar servicios transferidos mediante la aprobación de asignaciones complementarias queda a expensas de cómo se aprueben los Presupuestos Generales del Estado español. Y el abono de la deuda autonómica acumulada que se hereda de los incumplimientos españoles en relación al vigente estatuto queda también dependiente en su cuantía del acuerdo en la citada Comisión Mixta, es decir, de la repetición previsible de la rebaja de lo ya pagado ya acaecida; sin que todas las resoluciones aprobadas en el Parlamento andaluz especificando sus partidas valgan ni el papel en que están impresas.

Finalmente, para compensar el impacto del acuerdo PSOE-CiU y justificándose en que el Estado español debe garantizar el equilibrio económico interrterritorial, el compromiso de que el Estado español invierta en Andalucía se formula en la Disposición Adicional Tercera de manera “que la inversión destinada a Andalucía sea al menos equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado”.

Que esta disposición pretendidamente reequilibradora es una previsible engañifa se atisba no sólo al advertir que se ha optado en su redacción por una formula abierta -“al menos equivalente”- al referirse a su parámetro de referencia, en vez de optar otra más simple y clara. Más aún, llama poderosamente la atención que ni siquiera se haya excluido de ese inconcreto monto inversor el que ya -según sus propias normas- está destinado al reequilibrio –el FCI, por reducido que sea, o los fondos europeos no territorializables- o que no haya mención alguna ni consideración a las condiciones de subdesarrollo en que se desenvuelve la población a la que se le destina, que lógicamente deberían tenerse en cuenta en una disposición que tuviera realmente un propósito redistributivo y compensatorio. Pensaran quizá sus autores que ante los problemas de aplicación de esta insuficiente norma –como ante las restantes del paquete de financiación- siempre le queda a Andalucía la opción de recurrir ante el Tribunal Constitucional español... con los resultados conocidos.

En resumen, Andalucía no gana con la Reforma. En un contexto en el que Gobierno español reduce la imposición a las empresas y en el que a los recortes forales se suman los de Cataluña o los hipotéticos de Baleares y los que puedan sumarse, Andalucía obtiene en el mejor de los casos una continuidad en financiación que le permite mantenerse en la actual administración del subdesarrollo y en la hipótesis más previsible, una degradación paulatina de recursos que afectará a sus servicios. Lo que sí es seguro es que este modelo es radicalmente insuficiente para disponer de instrumentos no ya con los que salir del subdesarrollo sino incluso para compensar los efectos que produciría el final del ciclo socio-económico asentado en la especulación inmobiliaria que hoy sostiene la estabilidad social en Andalucía y facilita su control por el PSOE.

Los argumentos esgrimidos sobre la falsa bilateralidad en el campo de la financiación son directamente aplicables también a los aspectos que trata el Titulo IX, Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma.

El fondo de esta cuestión –que se extiende a como quedan fijadas las relaciones de Andalucía con la Unión Europea- se limita a reproducir –sea por la vía de representantes en instituciones estatales o por el requerimiento de informes- mecanismos consultivos. En estas cuestiones, lo políticamente determinante es el reconocimiento de capacidades decisorias; de veto total o al menos suspensivo, y estas están absolutamente ausentes del texto estatutario, incluso en relación a las que se reconocen competencias llamadas ‘exclusivas’ de la Comunidad Autónoma. Concedamos que la Junta de Andalucía pueda disponer en adelante de mayor nivel de información. No obstante, su capacidad estatutaria de impedir agresiones europeas, imponiendo su posición al Estado español es nula.

Javier Pulido

NOTAS REFERIDAS:
40. Ver, por ejemplo, Francisco Adame Martínez, El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen General, Comares, Granada, 1998 y Juan F. Corona, Luis M. Alonso, Pedro Puy, Hacia un Federalismo Competitivo, Circulo de Empresarios, Madrid, 1998
41. Estatuto de Autonomia para Andalucía, 1981
42. Ver, Enmiendas del Partido Andalucista, Pág. 23.109-23.115, Parlamento andaluz, La reforma paso a paso
43. Ver, Perspectivas andaluzas sobre el Estatuto catalán, Andalucia Libre nº 290, 1/4/2006

EXTRAIDO DE “Andalucía: un Estatuto para la Dependencia. LA SEGUNDA ESTAFA”, publicado en Andalucía Libre nº 293, domingo 7 de Mayo de 2006