Viernes 22 Noviembre 2019

NOTAS ABIERTAS Y SALTEADAS SOBRE LA SITUACIÓN CATALANA, VISTA DESDE LEJOS

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

 

Mapa Satelital de Cataluna

• A. Cataluña es una Nación. Y B. Cataluña es una Nación negada en clara situación de opresión nacional ya que hay un Estado –el Estado español- que le impide decidir libremente su destino, ejerciendo la fuerza coactiva sobre la nación dominada. Y esta nación ha manifestado de múltiples, masivas y significativas maneras su rechazo a esa situación y su demanda de autodeterminación. Quien no reconozca A y B, no es ni siquiera demócrata. Que España y el españolismo no reconozcan A y B, los definen como entes y proyectos irremisiblemente antidemocráticos.


Violencia es golpear cruel e indiscriminadamente a quienes querían ejercer ese derecho a la autodeterminación durante el referéndum autorganizado del 1º de octubre de 2017.

Violencia es detener, aprisionar, juzgar y condenar a quienes lideraron un proceso democrático de autodeterminación.

Violencia es negar o manipular la información de forma consciente, sistemática y coordinada, por ejemplo, destacando las imágenes de enfrentamiento violento omitiendo sus antecedentes o suprimiendo o minusvalorando aquellas en que centenares de miles de personas actúan y se manifiestan pacíficamente y que en su momento han sido duramente reprimidas.

Violencia –también- es tener que escuchar cotidianamente en la calle o en el trabajo -aquí en Andalucía- propósitos represivos etnocidas contra Cataluña y los catalanes y tener que administrar la respuesta o incluso verse obligados a omitirla, por mor de la autopreservación y de la desfavorable correlación de fuerzas

• Por no seguir citando otros múltiples casos de “violencia” …

Cuando el Gobierno español del PSOE, la UltraEspaña o los medios y la prensa española afín hablan de “condenar la violencia” es evidente –por estos precedentes y otros, en Cataluña y fuera de Cataluña- que no están hablando de manifestar acuerdo o desacuerdo u apoyo o rechazo o comprensión o incomprensión de “la violencia” en términos filosóficos u abstractos y ni siquiera de los hechos recientes en Cataluña sino que lo que realmente están exigiendo es un alineamiento ciego, incondicional y perpetuo con el Estado español y sus instrumentos policiales y un apoyo y corresponsabilización de todas sus prácticas, presentes, pasadas o futuras; según el principio –recientemente recordado al hilo de la situación por el ministro español del Interior- que dice que sólo el Estado español tiene el “monopolio legítimo de la violencia”, o sea, que sólo el Estado español tiene derecho a ejercer violencia y a definir como “violento” un acto o un proyecto político y por ello a condenarlo.
--------
* Cuando se condena a unos cuantos presos políticos por hechos e intenciones que –como es notorio- compartieron y sostuvieron otras decenas, centenares, miles, decenas de miles, centenares de miles de personas… a los que el Estado español que los retiene no detiene ni encausa ni condena –por razones obvias de imagen y conveniencia políticas- lo consecuente e inherentemente arbitrario de la selección de los castigados, ya evidencia el carácter político de la causa, del proceso, de la sentencia y del castigo.

* Es plenamente lógico leer y contextualizar la sentencia como una medida política más dentro de un esquema político complejo previsto para reforzar y restablecer el dominio español de Cataluña.

Es pertinente recordar que el Estado español tras el referéndum de 2017 y la consecuente proclamación -a continuación, inmediatamente congelada- de la República Catalana, intervino, sustituyó y suspendió las instituciones representativas catalanas (que son hoy las instituciones autonómicas) utilizando el artº 155 de la Constitución española. Su declarado propósito “renormalizador” no consiguió –sin embargo- ni quebrar el movimiento soberanista ni restablecer en Cataluña la hegemonía social española, como así evidencio su fracaso en propiciar una mayoría parlamentaria española (PP, Cs, PSOE, Podemos-Comunes) en el Parlamento catalán

El Gobierno catalán resultante de las elecciones catalanas efectuadas tras la derrota de la República Catalana y la imposición del artº 155 es un reflejo de la circunstancias y contradicciones del momento. Así, de una parte, es expresión delegada de parte del movimiento nacional catalán resistente y de otra es un órgano del Estado español en Cataluña y por tanto una institución prefigurada en sus alcances y sobre todo en sus límites competenciales y de todo tipo para serle funcional al Estado. De un lado, es plataforma de quienes quieren mantener –como mínimo nominalmente- la perspectiva de confrontación con España (los puigdemonianos de Torra) por mucho que no tengan bien claro cómo concretarlo y de otra es también la de quienes (como ERC y el PDECAT) se disputan desde dentro la futura hegemonía de una fase que parecen ver en clave de reacomodación paulatina con España por la vía de unas instituciones catalanas autonómicas –reformadas o no- prolongadamente gobernadas –con carácter de “provisionalidad” y bajo permanente amenaza penal- por sedicentes soberanistas que renuncien a pasar sus ideas declaradas a los hechos, justificándose en que así consiguen ampliar la base social independentista (es decir y resumidamente, aspirar a crecer a partir de abandonar y cerrar la “vía unilateral”)

• Y esta naturaleza hibrida y situación compleja del Gobierno catalán y todo lo ocurrido desde 2017 explican –entre otras cosas- la muy diferente actitud de los Mossos en el referéndum de octubre de 2017 en relación a su comportamiento en las actuales protestas de octubre de 2019.

• También ello explica la sorpresiva propuesta del President Torra de organizar un nuevo referéndum de autodeterminación en los próximos cuatro años -para dar la impresión de que se tiene alguna estrategia- lo que significa pretender reproducir miméticamente lo ocurrido en el periodo previo al 1º de octubre sin –al parecer- haber aprendido nada de lo ocurrido. Y haberlo hecho sin consulta ni apoyo previo.

• Y llegamos, tras la publicación de la sentencia del Proces en plena campaña electoral, a unas movilizaciones masivas, ejemplares y emocionantes de rechazo de esta medida político-judicial, que han implicado a centenares de miles de personas, manifestando apoyo y solidaridad con los presos y siendo canales de afirmación de la dignidad nacional y democrática catalana. El calendario de movilizaciones ha incluido una Huelga General que –conviene recordarlo- no han convocado ni apoyado CCOO y UGT, reafirmando con ello su carácter de pilares del orden español y por ende recordando que mientras organizaciones de este tipo y orientación mantengan presencia y representación significativas en el movimiento sindical catalán, el movimiento nacional y popular en su conjunto tendrá flancos claves importantes sin cubrir para ganar peso y capacidad social y la pretensión de cargar de mayor contenido social el proceso de construcción y conquista de la Soberanía Nacional quedará en lo ideológico…

• Y ha dado lugar a otras protestas que han pretendido conseguir repercusión nacional e internacional también masivas, que han sido duramente reprimidas por la acción policial (Mossos incluidos)

• Y a continuación a otras protestas y convocatorias, finalmente, más minoritarias, orientadas previamente o de forma sobrevenida como respuesta indignada a la previa contundencia extrema policial a confrontarse directamente con las fuerzas policiales –percibidas como encarnación visible del Estado y de España- que han centrado de forma desproporcionada y aún absorbente la atención mediática. Y que también han producido un debate social y político intenso entre quienes las ven allí justificadas y útiles, quienes las ven comprensibles pero inútiles y aún contraproducentes o quienes las ven casi inevitables, pero a la vez insuficientes o aún con riesgo de producir marginalidad… El alcance y entidad del apoyo social que merezcan quienes de inmediato o en lo próximo reciban citaciones por haber participado en las protestas será seguramente un buen termómetro de por dónde anda y cómo evoluciona la sensibilidad al respecto y la marcha general del conflicto.

• Que España –fuerzas políticas, prensa e instituciones- haya destacado tanto unas –las escenográficamente violentas- frente a otras –las más masivas- no ha de ocultar el hecho de que ambas parecen emanar de la misma compleja y plural realidad catalana y de su movimiento nacional y popular y del hartazgo catalán ante la situación y de su falta de perspectivas políticas. En términos políticos ni unas ni otras -a su nivel- han conseguido materializar avances en objetivos políticos relevantes (aparte el de visualizar el mantenimiento de la capacidad de movilización social). Aun, combinándose, y manteniéndose ambas tipologías al nivel actual de participación e intensidad, parecen –aún por separado- insuficientes de todo punto, para que España admita el derecho a la autodeterminación.

En esta coyuntura, las diferencias públicas entre la UltraEspaña y el PSOE radican en que mientras la UltraEspaña apuesta por la extensión de la represión y una nueva suspensión indefinida de las instituciones autonómicas catalanas, el PSOE quiere dosificar la represión sin agotar de antemano todas sus gradaciones y ante todo combinarla con la aspiración a una futura cooptación de ERC y/o PDECAT, entendiendo los riesgos de apostarlo todo a la primera, de tal manera que no encontrara ni interlocutores ni colaboradores en el lado catalán. El PSOE –no se olvide- quiere –con palo embadurnado de zanahoria- recuperar el lugar de primer partido español de Cataluña, desplazando a Cs

Además, para ser efectiva la escalada que propone la UltraEspaña, no podría detenerse en el 155 y tendría que tener superiores implicaciones y consecuencias que afectaran no sólo a TV3 o al sistema educativo sino también necesariamente a la legalidad política y electoral del movimiento soberanista catalán (y no sólo a la de su fracción socialista anticapitalista o más radical) y por consiguiente a su capacidad de influencia y aún bloqueo de las instituciones españolas, eliminándolo de la escena. Y esa prohibición implicaría un cambio cualitativo de la naturaleza del Régimen español. O, dicho en otras palabras, implicaría ilegalizar no sólo a lo que representan la CUP…

En cuanto a la izquierda parlamentaria española presente o aspirante (pablista, errejoniana o mix) ha quedado demostrado en términos políticos efectivos su carácter de satélite vergonzante del PSOE.

Y el 10 de Noviembre veremos las primeras consecuencias políticas de lo ocurrido. Las veremos en Cataluña. Y también en Andalucía. Y en España.

Javier Pulido,

Andalucía, 20 de Octubre de 2019