Lunes 13 Julio 2020

Constitución andaluza y Estado de Alarma(III). El derecho a la educación

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clasesCon el estado de alarma decretado por el gobierno de España y el confinamiento en las casas a raíz de esta pandemia, muchos derechos y libertades constitucionales han sido afectados, cancelados o severamente restringidos, obviamente empezando por el derecho a la libre circulación, a la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad sindical, pero también lo ha sido el derecho a la educación.
El viernes 13 de marzo la Junta de Andalucía ordenó que a partir del lunes 16 de marzo  fuese suspendida la actividad docente presencial en todo el sistema educativo andaluz en todas sus etapas, literalmente de un día para otro, sin más, cerrojazo a los centros sin ningún tipo de instrucciones, de coordinación, de planificación y preparación previa. Recordemos que la enfermedad se conoce desde mediados de diciembre de 2019, en enero el gobierno español puso a disposición de los investigadores todos los medios necesarios y los primeros casos en España son de finales de febrero.
Según el artículo 27.6 de la constitución española del 78: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación… con la participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.”
Los centros docentes son, por tanto, constitucionalmente el sustento material para la garantía del derecho a la educación, pero con el cierre de los centros y la suspensión de la docencia presencial ordenada por la Junta de Andalucía,¿cómo ha quedado afectado ese derecho a la educación de todos? Pues dichos centros, de facto, mediante la mencionada orden de la Junta de desempeño de la actividad docente de manera telemática, han sido sustituidos por los domicilios particulares de los maestros y maestras, profesorado, familias y alumnado, por sus habitaciones o despachos, por sus mesas, sillas y ordenadores personales o sus tablets, por sus conexiones a internet, por sus teléfonos móviles y sus datos, en definitiva, por las propiedades personales y por la buena voluntad y formación del profesorado para buscar y utilizar software, plataformas, recursos digitales en las redes, y por su capacidad para adaptar programaciones y materiales didácticos a las peculiaridades de las enseñanzas on line, y todo esto literalmente, de un día para otro y sobre la marcha.
En resumen, el poder público, la comunidad Autónoma de Andalucía que tiene las competencias de educación, ha hecho dejación de sus obligaciones, ha dejado de disponer los medios materiales para garantizar el derecho a la educación de todos, para que pasemos a garantizarlo, profesorado, alumnado y familias, y esto sin ninguna participación efectiva de los sectores afectados en semejante decisión. Si, esos mismos que se declaran constitucionalistas, que han dicho hasta la saciedad que la ley hay que cumplirla, y que la constitución hay que cumplirla.
La ministra de educación declaraba tras la reunión con los consejeros de educación de las comunidades que: “El curso no se va a perder por esta suspensión de la docencia presencial, y retornaremos a las aulas a mediados o finales de mayo antes de su finalización”.
Las autoridades educativas de la Junta de Andalucía, tras 20 días sin unas instrucciones u orientaciones de como implementar la actividad docente telemática, por fin las publican mediante una circular de 2 abril de 2020, y nos dicen: “El objetivo último debe ser que ningún estudiante se vea afectado en su rendimiento escolar por esta situación, no achacable a su voluntad sino a las circunstancias tan especiales que vivimos”. A parte del eufemismo, la situación es que estamos confinados en nuestras casas, y las circunstancias tan especiales es que hay una pandemia, con muchos infectados y muertos y un estado de alarma decretado por el gobierno y prorrogado por las cortes.
Pero… ¿podremos profesorado, alumnado y familias con nuestros propios medios y recursos, garantizar el derecho a la educación de todos, conseguir el objetivo que nos marca la consejería de Educación y evitar que se pierda el curso, como quiere la ministra?, ¿y que van ha hacer o están haciendo esos poderes públicos?
Según el informe de La Sociedad Digital en España casi el 20 % de los hogares andaluces carece de acceso a Internet. Según el documento de estrategia de infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía 2020 de la Consejería de empleo, empresa y comercio,  esta estrategia  pretende lograr que el 50 % o más de los hogares andaluces estén abonados a conexiones de Internet de 100 Mpbs o superior. En el curso 2019/2020 según los propios datos de la consejería 1.813.000 es el alumnado entre la pública, la privada y la concertada en todos los niveles que hay en Andalucía.
Por tanto, sin hacer muchas más cuentas podemos decir que cientos de miles de alumnos/as en Andalucía no tienen acceso a Internet, y por tanto, mientras durante esta suspensión de la actividad docente presencial, con una docencia telemática, no tendrán derecho a la educación.
A todo ese alumnado sin internet ni dispositivos para su acceso, que queda sin derecho a la educación, hay que añadir el alumnado que aunque  disponga de conexión a Internet, no pueda disponer de un ordenador propio o una tablet, porque en el hogar solo tengan uno o dos dispositivos y sean varios hermanos/as y/o que los padres tengan que usarlos para teletrabajar.
Y no digamos el alumnado más desfavorecido socio-económicamente, que no es solo que no disponga de conexión a Internet ni dispositivo, sino que ni siquiera tiene una habitación o sitio adecuado para estudiar, porque toda la familia vive en una vivienda pequeña de 50 o 60 m2.  Solo recordar que los datos de paro en Andalucía son de los mayores de todas las comunidades, o que la mayoría de los barrios más pobres y deprimidos de España están en las ciudades andaluzas.
Bueno, y que van a hacer o están haciendo los poderes públicos competentes en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para al menos garantizar que esa delegación de sus obligaciones constitucionales pueda ser desempeñada correctamente por el profesorado, el alumnado y las familias.  Pues mediante la mencionada circular de 2 de abril, sobre procesos de enseñanza-aprendizaje en esta “situación” de docencia telemática, insisto, 20 días después de ordenar el cierre de los centros, nos dicen que; los órganos de los centros educativos; equipos y departamentos de orientación, de coordinación docente y pedagógica, órganos colegiados, tutores y tutoras, profesorado y equipos directivos “desarrollen las actuaciones que estimen pertinentes para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje”, “…y la atención personal, educativa y emocional del alumnado”, que rehagan y modifiquen las programaciones educativas y todos sus elementos para adaptarlos a la enseñanza telemática, y aquí viene lo bueno, o lo mejor, para “aquel alumnado que, por distintas circunstancias de índole socio-económica, no pueda acceder a los medios telemáticos a través de los cuales se desarrollan en estos momentos los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin de evitar que la brecha digital incida de manera negativa en el rendimiento del alumnado”, “se establecerán mecanismos de  comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. Tanto para la comunicación de las tareas y actividades como para la recogida de las mismas.”
Y eso es todo, amigos, para cientos de miles de alumnos y alumnas andaluces, en pleno confinamiento durante el estado de alarma la Consejería de Educación propone que tengan una educación consistente en llamadas telefónicas y cartas postales de sus maestros, profesores y tutores. Y para el resto, que el profesorado lo hagamos todo, que hagamos lo que estimemos pertinente y necesario, incluyendo el apoyo emocional.
Y en la circular piden al profesorado y los centros que tomen “las medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias para asegurar la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo”. Consejos vendo, que para mí no tengo, ¿y qué hace la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en estas condiciones de confinamiento y enseñanza telemática decretada por ellos mismos para que el alumnado que no tiene Internet pueda tener “igualdad efectiva, acceso y permanencia en el sistema educativo” de la misma manera que el alumnado que sí tiene acceso a Internet?
Y para el alumnado que tiene Internet y ordenador, y va a tener el derecho a la educación telemático, los padres y madres tienen que hacer de maestros y maestras en sus casas, hacerles el horario escolar a sus hijos, explicarles, ayudarles y resolverles dudas de las tareas, y para los más pequeños descargarles las tareas, mandar las realizadas a los maestros/as, todo ello al tiempo que esos padres y madres en algunos casos tienen que teletrabajar. Y los maestros/as y profesores/as,  tienen varios grupos de alumnos/as y/o imparten varias asignaturas, tienen que realizar todo su trabajo adaptando todo sobre la marcha a la enseñanza on line. Todo ello padres, madres, maestros y maestras y profesorado en su conjunto debemos realizarlo, no lo olvidemos, en situación de confinamiento severo, de encierro domiciliario, con incertidumbre sobre la duración del mismo, con incertidumbre ante el futuro en general y laboral en particular, con saturación informativa negativa sobre la pandemia, información del aumento diario de los datos de infectados, contagiados y muertos, con miedo al contagio o a multas cuando tengamos que salir a la calle por las necesidades y supuestos previstos legalmente, con un trabajo que tenemos que realizar en nuestra casa, el profesorado, sin que eso haya sido elegido voluntariamente, que se expande en las 24 horas del día e incluso se mezcla lo laboral con lo personal, en definitiva, unas condiciones laborales psicológicamente exigentes, que pueden provocar estres, sobrecarga de trabajo, ansiedad, depresión, síndrome de estar quemado, etc. Vamos a tener que ir haciendo aplausos también para maestros, padres y madres que están haciendo de maestros con sus hijos e hijas, porque desde los poderes públicos, no podemos esperar, por lo que se ve mucho más que la mencionada circular de de la Consejería de Educación.
Ya es hora de valorar y reconocer a nuestros servicios públicos y a los profesionales que los prestan:  la sanidad, la educación, los cuidados en especial a personas vulnerables, mayores, dependientes, etc. Y ya es hora de mejorar la inversión en los mismos y revertir los recortes y prohibir las privatizaciones, porque la salud, la educación y los cuidados de nuestros mayores no solo no se deben deteriorar o poner en riesgo, sino que no se debe hacer negocio con ellos, ahora estamos viendo más claramente las consecuencias.
Seamos positivos, que es lo que nos dicen en los medios estos días, y además de la anterior enseñanza que extraemos de esta crisis, imaginemos también una legislación y un estado más favorable a los servicios públicos, y en particular a la educación y a la cultura. Indagando un poco en nuestra historia.
Hace ya casi un siglo, Blas Infante planteaba su candidatura a las cortes constituyentes  de la II  república, y la explicaba en su libro “La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. En el mismo, sobre la educación planteaba, una crítica al gobierno de la II república por “seguir considerando a las Universidades, institutos y escuelas como  centros burocráticos elaboradores de títulos de capacidad que engañan al pueblo.” Y defendía como criterio de su candidatura, que aquellas (universidades, institutos y escuelas) debían convertirse en “centros de preparación cultural e investigación científica con profesores contratados.” Reivindicaba: “ejercicio libre de la enseñanza y de profesiones y el discernimiento por el pueblo con su reconocimiento práctico de las verdaderas capacidades.” Terminaba reivindicaba una: “enseñanza en todos sus grados absolutamente gratuita, con la obligación para las empresas industriales y comerciales de compensar con horas de trabajo extraordinarias, las ordinarias que necesitaran los estudiantes obreros para las asistencia a las clases.” Juzguen cada uno si estas críticas y alternativas pueden tener actualidad y necesidad de consideración hoy en día.
En el Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919, Blas Infante y el andalucismo histórico proponían hacer efectiva la constitución Andaluza aprobada por la asamblea federalista de Antequera en 1883, la cual proponía en su artículo 9 la educación como derecho para la autonomía individual: “El derecho a la instrucción gratuita hasta en sus más altos desarrollos”. Infante y los propios andalucistas en el Manifiesto de Córdoba lo desarrollaban: “Queremos dotar de absoluta autonomía a los Centros de Enseñanza, instrucción gratuita en todos sus grados y la enseñanza obligatoria…”, “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de maestros y profesores, con pensiones periódicas en el extranjero, los cuales sirvan las escuelas y Centros docentes de la Región, aportando a ellos los alientos civilizadores de Europa”. “Queremos que el Estado Regional mantenga un ejército de médicos e higienistas, que cuiden de la salud...y velen por la salubridad de municipios y región”.
Mas atrás en nuestra historia el propio Infante busca también ejemplos positivos e inspiradores, dice en el libro “La verdad sobre el complot de Tablada…”: “En Andalucía (ya en el s. VIII) todo el mundo sabía leer y escribir. Europa germánica, es un anfictionado, bárbaro, inspirado por el Pontífice de Roma. Nadie, ni aún los nobles, exceptuando al clero, sabía leer y escribir.” “Pequeños reinos, (Taifas) eran academias presididas por los príncipes. Europa, viene a aprender a nuestras universidades. Traduce nuestros libros y prepara con ciencia andaluza su renacimiento. Todos sus grandes hombres, teólogos, filósofos, médicos, poetas, son discípulos de Andalucía”.
 
David Juliá Díaz