Miércoles 22 Marzo 2023

El gobierno de Moreno Bonilla contra el Pueblo Trabajador Andaluz (I). La situación de Andalucía

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Moreno bonilla BN

  Los impuestos hasta bien entrado el siglo XIX eran una herramienta para mantener los privilegios de los poderosos. Las luchas de la clase trabajadora obligaron al Estado burgués, a pasar de ser un Estado que daba permisos para efectuar negocios y mantenía policía y ejército para garantizar sus privilegios y reprimir cualquier disidencia a ser un Estado que empezó a prestar servicios públicos para reducir los efectos de la desigualdad, en ningún momento para acabar con la misma.
  Prestar más y mejores servicios públicos en sanidad, educación, dependencia,vivienda pública, etc, requiere dinero público.
  La propia Constitución del Estado español habla de progresividad en los impuestos, es lo más justo. Pero cualquier rebaja de impuestos debe ser progresiva también, es decir, rebajar más a los que menos tienen y menos o nada a los que más tienen.
Toda rebaja sin progresividad es injusta y, cuando se produce después de una pandemia y en un contexto de una inflación que incide de manera brutal en los suministros de los hogares y la cesta de la compra afectando mucho más al pueblo trabajador andaluz que a los poderosos, es un escándalo.
  Este gobierno es el gobierno de las palabras bonitas, de lo que hoy se llama el relato: insistir que todo va mejor cuando solo lo va para unos pocos e insistir en que gobiernan a favor de los andaluces, cuando gobiernan en contra de la inmensa mayoría, la clase trabajadora.
  Como dice el comunicado de Nación Andaluza ante la última rebaja fiscal, el gobierno andaluz "en lugar de reforzar los mecanismos de redistribución de la riqueza keynesianos se obceca, expresando la desesperación de la burguesía ante la caída estructural de la tasa de ganancia, en la eliminación de estos mecanismos a través de rebajas fiscales".   La rebaja fiscal de 900 millones de euros es cierto que como dice Moreno Bonillla irá a parar a los bolsillos de los andaluces pero más cierto es todavía que irá mayoritariamente a los bolsillos de los ricos, a los bolsillos de la burguesía. Y la parte que nos llegue al Pueblo Trabajador Andaluz la sufriremos corregida y aumentada -vía recortes- en los servicios públicos.

Unos pocos números para entender la situación de Andalucía

  Según la EPA del segundo trimestre de 2022 la tasa de paro en Andalucía es del 18,7% frente a una media en el Estado español del 12,5%. Es la más elevada de las 17  comunidades autónomas. Estamos peor que en 2018, año anterior a la entrada del gobierno Moreno, cuando éramos la segunda por la cola.
  A ello hay que añadir, según el informe del Observatorio de la Desigualdad en Andalucía del año pasado, un mayor paro estructural pues los parados de larga duración son el 39% del total frente al 24% de media del Estado español y un mayor paro encubierto pues las andaluzas que trabajan a tiempo parcial queriendo trabajar a jornada completa es un 63%,cuando la media en el Estado español es del 50%.
  En medio de estas lamentables cifras el gobierno de la Junta se conforma con que vaya bajando el paro sin compararse con las cifras estatales. Y, encima, saca pecho diciendo que Andalucía es la comunidad con mayor número de autónomos del Estado español 559.000 sobre un total de 3.278.000 andaluzas ocupadas.
  Llama la atención que tengamos 8.000 autónomos más que la segunda en el ranking, Catalunya, cuando esta comunidad tiene casi 250.000 ocupados más (3.521.000). No podemos saber cuántos de estos autónomos son falsos autónomos. Un estudio de la Fundación La Caixa nos puede dar una pista cuando dice que un 25% de los autónomos andaluces no están satisfechos de serlo.
  La economía andaluza es como una rueda de hámster, se mueve pero no avanza. Es la segunda comunidad con menor PIB por habitante del Estado español según el INE (con los últimos datos disponibles los de 2020, 17.747 por habitante) cuando el PIB medio por habitante en el Estado español es de 23.693 y en la Unión Europea 29.890 €. Ocupamos la misma posición que el 2018.
  Estos dos datos macroeconómicos son demoledores ¿Qué hace el gobierno de la Junta para mejorar esta situación? Presupuestariamente bien poco. La inversión (nos negamos a llamarles gasto, gasto es por ejemplo el militar) en políticas sociales, esenciales para combatir la desigualdad, están en el furgón de cola del Estado. En efecto, la inversión en sanidad por habitante es de 1.398 €, la más baja de todas las comunidades autónomas. Mientras la media del Estado está en 1.679 €.A pesar de ello la Junta suprimió la subasta de medicamentos, con lo cual el gasto farmacéutico se ha incrementado en 432 millones en los dos últimos años, lejos de rectificar Moreno acaba de anunciar que esa disposición provisional pase a recogerse en la Ley de Farmacia. Cuando bajaron un poco las cifras de la pandemia la Junta echó a la calle a 3.000 trabajadoras sanitarias.
  La inversión en educación es de 5.442 por alumno -la segunda por la cola después de la de Madrid- y la media estatal es de 6.230 por alumno. Con la subida prevista este año en los comedores escolares, el aula matinal y las extraescolares, las familias andaluzas pagarán un 9% de media más que el año 2018. El cheque de 100 euros para las familias que ingresan menos de 15.000 euros, 8 euros al mes, es más una limosna que una ayuda.
El estar en el furgón de cola en educación hace que la tasa de abandono escolar (siguiendo con el informe del Observatorio) sea en nuestro país del 16% y que un 22% de los jóvenes entre 15 y 29 años ni estudien ni trabajen, mientras que la media del Estado es del 12% y el 17%, respectivamente.
  Un remedio fundamental para todas estas cifras gravísimas sería la bajada de ratios de alumnos por clase para poder tener una educación más personalizada al ritmo de cada alumno. La ratio andaluza supera la media estatal. En la ESO hay una ratio de 26,7 alumnos por aula y en Bachillerato de 28,6 en Andalucía frente al 25,3 y el 25,8 en el Estado. Hay en marcha una plataforma en Andalucía llamada Bajada de Ratios que esta recogiendo firmas para una ILP para modificar la normativa de ratios de la Junta pasando de 25 a 20 en 2.º ciclo de Infantil y Primaria, de 30 a 25 en ESO y Ciclos Formativos y de 35 a 30 en Bachillerato.
  Este gobierno que presume de eficaz ha sido incapaz de poner en marcha una ley tan importante como la de Bioclimatizacion de Centros Educativos en Andalucía. s de 2 años después de su aprobación ni se ha hecho el Reglamento de la misma ni se han hecho las auditorías de los centros prioritarios que según el redactado de la ley debería haberse hecho en 18 meses. Y tampoco se va a cumplir la realización de las auditorías de todos los centros educativos que la referida ley estipula debe hacerse en un plazo de 6 años. El cambio climático ha provocado que en el Valle del Guadalquivir se alcanzaran en las aulas temperaturas de 35 grados, aplicar esta ley lo habría evitado.
  En un comunicado reciente el sindicato USTEA denuncia que la consejera de Educación les manifestó que la Junta no tiene dinero para bajar la ratio, que no puede contratar profesores ni construir más centros educativos. Frente a esta cínica afirmación de Moreno Bonilla USTEA calcula que "con la rebaja fiscal a los ricos se podrían contratar 20.000 profesores y construir 180 centros educativos".
  El gasto en dependencia en Andalucía es de 1.138 euros -cerca de la media estatal de 1.173 euros- pero en Andalucía la media de tiempo de espera entre que se solicita una valoración y se accede a una prestación es de 620 días, mientras que la ya abultada media estatal es de 460.
  A 30 de Junio de este año 81.525 andaluzas formaban la lista de espera de la Dependencia. 44.069 personas estaban pendientes de valoración y 37.456 pendientes de acceder a la prestación reconocida. Entre marzo y junio ha subido en 10.000 personas.
  Según la Junta también en la década que va entre 2012 y 2021 cada año más de 100.000 personas censadas en nuestra tierra la abandonan, emigrando al resto del Estado o fuera del mismo. En 2012, por ejemplo, fueron 111.978 y en 2021 116.775 personas (aquí se puede ver el gráfico). Las comparativas entre la media andaluza y la media del Estado que exponemos a continuación las extraemos del informe del Observatorio antes citado.
  Entre 2007 y 2019 el salario medio en Andalucía ha subido un 10% de 15.000 a 16.510 €. En el Estado un 14% de 18.081 a 20.566 . Junto a Extremadura y Canarias tenemos la menor media de ingresos por hogar del Estado (25.000 euros)
  El 21% de media de ejecuciones hipotecarias del Estado se han producido en Andalucía, cuando representamos el 17% de los hogares.
  Un 44,51% de los hogares andaluces no pueden afrontar gastos imprevistos, en el conjunto del Estado, un 33,9%.
  Lo que se denominan trabajadores pobres (es decir personas con trabajo pero con riesgo de pobreza) son un 20,7% y en el Estado 12,7%.
  Como consecuencia de todo ello la denominada tasa Arope, que recoge el riesgo porcentual de pobreza y exclusión social es en nuestro país de un 37,7% frente a un 25,3% de media estatal. Demoledor.
  En toda esta profunda situación de desigualdad que castiga a la clase trabajadora andaluza la respuesta de la Junta es el autobombo y la construcción del relato de que Andalucía va bien como decíamos en la introducción. Pero lo que no son cuentas son cuentos y los números son implacables.
  Muchos son los ejemplos de este sin sentido, decir que se está a punto de ser la locomotora del Estado por ejemplo. Ser locomotora no es una cuestión de aumentar el PIB es cuestión de aumentar la riqueza para acabar con la pobreza, precisamente aquello que no hace el gobierno andaluz ni ningún otro gobierno capitalista. El desarrollo no consiste en trabajar y producir más sino en trabajar todas, trabajar menos y distribuir la riqueza que generamos produciendo bienes y servicios la clase trabajadora. Es la Sociedad Socialista, la República Andaluza de Trabajadoras por la que luchamos desde Nación Andaluza.
  En breve en una segunda parte de este humilde trabajo estudiaremos las nefastas consecuencias de las rebajas de impuestos de la Junta.