El lunes pasado en esta Andalucía dormida despertamos con una noticia que ya estaba cantada desde hace mucho, la condena a severas penas de cárcel para los líderes del movimiento independentista catalán por haber propiciado que su pueblo ejerciera un derecho tan elemental como decidir su futuro mediante un referéndum. Algo que sería tan elemental en cualquier país democrático se convierten en el Estado español en delito penado con condenas de prisión muy elevadas que además conllevan otras de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

 

Un verdadero disparate que deja en claro el verdadero carácter del Estado heredero del franquismo que demuestra así que sigue sus fantasmas en cuanto a respetar los deseos de los pueblos que aún, y por pura supervivencia esperemos que por poco tiempo, siguen sometidos a sus designios. Pero además, estas condenas injustas tienen una clara intencionalidad en un contexto donde la crisis territorial y de viabilidad institucional del Estado son más que evidentes. Es en primer lugar un clarísimo aviso a navegantes, sean catalanes, vascos, gallegos o andaluces de que la sacrosanta unidad del Estado es dogma de fe, y que quien osare ponerla en cuestión será reo de una justicia que no vacilará en aplicar los más duros castigos a los infractores.